La Cámara de Diputados comienza a reactivar su agenda en el marco de las sesiones extraordinarias de febrero y el presidente del cuerpo, Martín Menem, convocó a los jefes de todos los bloques a una reunión este miércoles a las 14 para definir el cronograma de trabajo del mes.

Aunque el encuentro no tendrá un temario formal, en el Congreso dan por hecho que uno de los ejes centrales será el inicio del debate del nuevo Régimen Penal Juvenil, un proyecto que el Gobierno quiere acelerar y que incluye la baja de la edad de imputabilidad a 13 años.

Cómo se ordenará el trabajo en extraordinarias

Fuentes legislativas indicaron que la reunión servirá para acordar qué comisiones se conformarán y cuándo podría realizarse la primera sesión extraordinaria del año.

A diferencia de la reforma laboral, que comenzará su tratamiento en el Senado, el Régimen Penal Juvenil se debatirá primero en Diputados, donde ya existe un dictamen trabajado durante el año pasado tras varios meses de discusión.

Varios legisladores consideran que sería "volver a foja cero" reiniciar todo el proceso, por lo que buscarán retomar ese trabajo previo.

La baja de la edad de imputabilidad, el punto más polémico

El corazón del debate será la intención oficial de fijar la imputabilidad penal en 13 años, una medida que genera fuertes diferencias dentro y fuera del oficialismo.

Mientras algunos diputados creen que puede ser una herramienta para enfrentar delitos cometidos por menores, otros advierten que el problema no es solo punitivo, sino también estructural y presupuestario.

Plantean que no alcanza con cambiar la ley si no se garantiza:

• Infraestructura adecuada

• Centros especializados

• Personal capacitado

• Programas de reinserción social y educativa

Las objeciones del PRO y otros bloques dialoguistas

Incluso dentro de los espacios aliados al Gobierno aparecen reparos. En el PRO, por ejemplo, consideran que la edad debería fijarse en 14 años y remarcan que no existe consenso médico ni psicológico sobre la comprensión plena del delito a los 12 o 13 años.

También advierten sobre un problema logístico inmediato: bajar la edad a 13 años duplicaría la población de internos sin que existan lugares preparados para alojarlos.

Otro punto clave que mencionan es el financiamiento. Legisladores sostienen que sin presupuesto específico para sostener el nuevo régimen, la ley "nacería muerta".

En este contexto, la reunión convocada por Menem será el primer paso para ordenar un mes legislativo que promete debates intensos y posiciones cruzadas en torno a uno de los proyectos más sensibles de la agenda oficial.