En un nuevo capítulo del conflicto entre el Congreso y el Ejecutivo, la oposición parlamentaria logró dictaminar un proyecto de ley para recomponer los salarios universitarios y garantizar fondos para el funcionamiento de las casas de estudio. Fue durante un plenario conjunto de las comisiones de Educación y Presupuesto, tras el emplazamiento aprobado en la última sesión.

El dictamen fue respaldado por Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica, y busca frenar la crisis que atraviesa el sistema universitario nacional. La iniciativa incluye actualizaciones presupuestarias y salariales atadas a la inflación, partidas para becas, extensión, hospitales universitarios y ciencia y técnica, además de auditorías externas.

Críticas al ajuste y advertencia por la situación docente

Durante el debate, legisladores como Christian Castillo, Esteban Paulón, Hugo Yasky y Lorena Pokoik remarcaron la gravedad de la situación: docentes con más de 15 años de antigüedad cobran menos de 300 mil pesos y más de 10 mil renunciaron en lo que va del año.

Desde el Frente de Izquierda propusieron un dictamen propio que incluye fondos especiales para obras sociales universitarias y salarios de docentes ad honorem. Por su parte, el diputado Pablo Carro presentó cifras alarmantes sobre la precarización laboral en las universidades.

El oficialismo, en cambio, rechazó el dictamen. Alejandro Finocchiaro (PRO) cuestionó la medida por "interferir en paritarias" y "generar un peligroso precedente para el mercado laboral".

Qué propone el proyecto

El texto impulsado por la oposición contempla:

• Recomposición de gastos de funcionamiento desde mayo a diciembre de 2024.

• Mecanismo de indexación automática por IPC bimestral desde enero de 2025.

• Actualización salarial desde diciembre de 2023, también por IPC.

• Incorporación de sumas no remunerativas al salario básico.

• Refuerzo a becas, programas de extensión y hospitales universitarios.

• Auditorías externas obligatorias para las universidades.

Desde el bloque oficialista, ya advirtieron que Javier Milei vetará la ley en caso de ser aprobada. Sin embargo, la unidad opositora y la presión de la comunidad educativa podrían inclinar la balanza en el recinto, especialmente si se concreta una nueva marcha federal universitaria como impulsan algunos sectores.