El Congreso avanza con la reforma de los DNU

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles un proyecto que restringe la posibilidad de que el Poder Ejecutivo emita Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Sin embargo, el rechazo de un artículo clave -que establecía un plazo de 90 días para que el Congreso se pronuncie sobre su validez- obliga a que la iniciativa vuelva al Senado.

La ley, que había sido aprobada previamente en la Cámara alta con amplio consenso entre radicales, provinciales y parte del PRO, modifica la norma 26.122 de 2006, impulsada durante el gobierno de Néstor Kirchner. Entre los cambios más relevantes, dispone que ambas cámaras deben ratificar los decretos para que sean válidos, eliminando la posibilidad de que con la aprobación de solo una bastara.

El artículo rechazado generó la mayor polémica: planteaba que, si el Congreso no trataba un DNU en un plazo de 90 días, el mismo caía automáticamente. Su eliminación fue posible gracias a abstenciones y cambios de voto de legisladores de distintos bloques, incluidas la Coalición Cívica, el PRO, el MID y la UCR.

Los libertarios evitan una derrota total

Desde el oficialismo celebraron que la discusión se extienda y que cualquier veto presidencial se postergue hasta después de las elecciones del 26 de octubre. "Esto nos da aire y tiempo político", reconocieron fuentes cercanas al presidente de la Cámara, Martín Menem.

La oposición, en cambio, defendió la medida como un límite necesario a los "abusos del Ejecutivo". El diputado del PRO Damián Arabia recordó que "Néstor Kirchner firmó 236 decretos, Cristina Fernández 81 y Alberto Fernández 178", y acusó al peronismo de querer "inmovilizar al Gobierno actual".

Por su parte, el diputado radical Martín Tetaz sostuvo que "la ley vigente es mala", pero consideró que cualquier reforma debería aplicarse recién en 2027. En tanto, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, fue tajante: "Si no ponemos límites, seguiremos en un estado de excepción permanente".

Qué puede pasar en el Senado

En el oficialismo descuentan que el Senado podría insistir con el texto original, lo que abriría la puerta a un eventual veto de Javier Milei. Sin embargo, esa definición recién llegará tras los comicios.

Mientras tanto, la reforma marca un nuevo capítulo en la tensión entre el Ejecutivo y el Congreso, en un contexto donde la gobernabilidad sigue siendo el eje de disputa política.