Diputada libertaria propone un estricto control del derecho de huelga en Argentina

Verónica Razzini, de La Libertad Avanza, presentó un proyecto que limita las medidas de fuerza, fija servicios mínimos y establece sanciones para los sindicatos y trabajadores que no cumplan con los procedimientos legales.

Proyecto de ley busca redefinir el derecho de huelga en Argentina

Verónica Razzini, recientemente incorporada al bloque La Libertad Avanza, presentó un proyecto de ley que propone regular de manera estricta el derecho de huelga. La iniciativa apunta a brindar seguridad jurídica a empleadores y trabajadores, delimitando claramente qué medidas de fuerza son legítimas y cuáles constituyen acciones ilícitas.

Según la diputada, la normativa es una "necesidad imperiosa" para garantizar la actividad productiva y proteger los derechos constitucionales de todos los actores involucrados.

Reglas claras para huelgas y servicios esenciales

El proyecto establece que solo las asociaciones sindicales con personería pueden convocar huelgas válidas. Además, exige un preaviso de al menos siete días hábiles al empleador y a la autoridad de aplicación, con detalles sobre causas, alcance y modalidad de la medida. Durante este período, se deberá intentar una conciliación obligatoria de diez días.

Entre las medidas consideradas ilícitas se incluyen ocupaciones de establecimientos, bloqueos, piquetes, huelgas sorpresivas, trabajo a reglamento y actos de sabotaje. También se establece que los servicios esenciales, como educación, transporte, salud y energía, deben garantizar un funcionamiento mínimo durante la huelga, evitando su interrupción total.

Inspiración internacional y alineamiento con la OIT

Razzini explicó que la regulación se inspira en legislaciones de España e Italia, donde la huelga requiere preaviso y se prevén mecanismos para mantener servicios mínimos. Además, cita al Comité de Libertad Sindical de la OIT, que reconoce el derecho de huelga pero avala la regulación para proteger derechos de terceros y garantizar la paz social.

La diputada sostiene que la ley vigente en Argentina es fragmentaria y genera inseguridad jurídica. Por eso, el proyecto busca aclarar la titularidad del derecho de huelga, diferenciar la cesación de tareas legítima de otras acciones ilícitas, y garantizar la continuidad de servicios críticos para la sociedad.

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