Un nuevo informe oficial profundizó la tensión institucional entre el gobierno de Javier Milei y la administración de Osvaldo Jaldo, según reveló el periodista Fernando Stanich para Tendencia de Noticias. El documento, remitido por la Jefatura de Gabinete al Congreso, detalla las deudas del PAMI con los efectores públicos, ubicando a Tucumán como uno de los principales acreedores del país, aunque con cifras que generan una fuerte controversia.

La brecha contable: $2.289 millones vs. $44.000 millones

El punto de mayor conflicto radica en la disparidad de los montos registrados por ambas administraciones:

• Reconocimiento Nacional: según el informe de Manuel Adorni, al 8 de abril la deuda del PAMI con los hospitales de Tucumán asciende a $2.289.464.419,31.

• Reclamo Provincial: el Sistema Provincial de Salud (Siprosa) sostiene que la deuda real al 31 de marzo escala a los $44.000 millones.

• Ranking de Acreedores: con el monto reconocido por Nación, Tucumán se ubica en el tercer puesto nacional, solo detrás de Buenos Aires ($7.807 millones) y Córdoba ($4.229 millones).

La postura de Osvaldo Jaldo y el Siprosa

El gobernador Osvaldo Jaldo ya había expuesto la gravedad de la situación durante la apertura de sesiones legislativas el pasado 1 de marzo. En aquel momento, el mandatario destacó que, además del PAMI, existen deudas de ANSES ($34.000 millones) y por concesiones del consenso fiscal ($18.000 millones).

"Aunque la Nación no nos abone la deuda... nunca vamos a desamparar a esa persona que trabajó toda la vida. No vamos a dejar nunca de atender a nuestros queridos abuelos y jubilados", sentenció Jaldo.

Rumbo a la judicialización del conflicto

El informe nacional admite que el Siprosa ya ha "intimado a regularizar" la deuda de los hospitales públicos, lo que representa el paso administrativo previo a una demanda formal.

• Acción legal: fuentes gubernamentales indican que la Provincia está a un paso de recurrir a la vía judicial para reclamar el pago.

• Argumentos de Nación: el PAMI atribuye parte de las demoras a fallas administrativas de los hospitales, como la falta de declaraciones juradas que certifiquen la ausencia de reclamos duplicados.

• Plazos incumplidos: el convenio vigente estipula que los pagos deben realizarse dentro de los 60 días corridos desde la presentación de la factura, plazo que se encuentra largamente vencido según los registros provinciales.