El Gobierno nacional planea despedir a empleados de la Procuración del Tesoro sospechados de haber filtrado información confidencial sobre el caso YPF a los fondos demandantes, en pleno juicio por la expropiación de la petrolera.

La decisión, que incluiría una reforma profunda del organismo, será llevada adelante por el titular del área, Santiago Castro Videla, quien tendrá a su cargo la disolución parcial de varias direcciones internas. En la Casa Rosada aseguran que ya cuentan con pruebas contundentes para justificar los despidos y que no descartan realizar denuncias penales contra los presuntos responsables.

"Es un delito grave, porque implica un perjuicio directo hacia el Estado argentino", afirman desde el entorno presidencial.

Qué funciones tiene la Procuración y cómo será la reestructuración

La Procuración del Tesoro es el organismo encargado de la defensa jurídica de la Nación. Cuenta con 242 empleados y un presupuesto de $8.662 millones, y está organizada en seis direcciones nacionales:

• Asuntos Judiciales

• Dictámenes

• Sumarios e Investigaciones Administrativas

• Auditoría

• Asuntos y Controversias Internacionales

• Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado

Los subprocuradores Julio Pablo Comadira y Juan Stampalija tienen a cargo la defensa del Estado en el juicio por la expropiación de YPF, y también coordinan áreas sensibles como Recursos Humanos, Compras, Finanzas y Gestión Informática.

Además, el organismo administra el Registro Único de Abogados del Estado (RUICAE) y el Registro de Consultores Técnicos (RECCOT).

Desde el oficialismo advierten que este escándalo podría derivar en una reestructuración total de la Procuración, con el objetivo de reducir la planta y limitar posibles filtraciones en futuros litigios internacionales.

Un escándalo en plena batalla judicial

Esta decisión se conoce en un momento clave para el Gobierno en el juicio por la expropiación de YPF. Mientras la jueza Loretta Preska evalúa si suspende o no la entrega de acciones de la petrolera estatal como parte de pago de la millonaria sentencia, el Ejecutivo intenta contener el impacto político y jurídico de posibles fallas internas.

La causa, que enfrenta a la Argentina con fondos como Burford Capital y Eton Park, ya tuvo múltiples reveses legales para el país, y ahora suma una grave denuncia interna que podría escalar a nivel judicial.