Se ha presentado una denuncia en la Justicia contra el presidente Javier Milei y su vicepresidenta, Victoria Villarruel, por presunta "apología del delito, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público" debido a sus posturas relacionadas con el golpe de Estado de 1976.

La denuncia fue presentada por el abogado de derechos humanos y ambientalista, Javier Garín, e incluye también al exjefe de la SIDE, Juan Bautista Tata Yofre, quien participó en un video publicado por la Casa Rosada el 24 de marzo pasado, en conmemoración por el Día de la Memoria.

El documental en cuestión se centra en las víctimas civiles de los atentados previos al golpe de Estado de 1976 y cuestiona el número de desaparecidos. Además, cuenta con testimonios de personas como el exguerrillero de Montoneros, Luis Labraña, quien admitió haber "inventado" la cifra de 30.000 desaparecidos, así como también del exjefe de la SIDE durante el gobierno de Menem, Tata Yofre, y de la hija del capitán Humberto Viola, María Fernanda Viola.

Aunque no se menciona directamente, dirigentes políticos de diversos sectores repudiaron el material audiovisual producido por el Gobierno.

Según la denuncia de Garín, los denunciados "podrían haber incurrido en forma reiterada y sistemática en una justificación del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, una reivindicación directa o indirecta del terrorismo de Estado y una apología de los criminales condenados por esos delitos".

La presentación destaca que es obligación de los funcionarios públicos defender y hacer cumplir el orden jurídico, basado en el respeto a los derechos humanos y la condena del Terrorismo de Estado, según lo establece la Constitución reformada en 1994.

La denuncia señala que aunque Argentina no cuenta con normas penales contra el negacionismo, sí existen figuras como la apología del delito y el incumplimiento de deberes, en las cuales los denunciados podrían haber incurrido.

Se critica en la denuncia la minimización del número de desaparecidos, la invocación de un estado de "guerra" como justificación, la alegación de "excesos" en lugar de un plan sistemático de exterminio, así como el señalamiento de la violencia guerrillera previa como argumento exculpatorio de los condenados por delitos de lesa humanidad.