Denuncian a Bullrich por abuso de autoridad tras la censura a la prensa
El abogado Gregorio Dalbón presentó una acción judicial contra la ministra de Seguridad por medidas que considera censura previa y restricción masiva a la libertad de prensa.
El abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia judicial contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acusándola de abuso de autoridad. La acción se da en el marco de la polémica generada por la denuncia del Gobierno por presunto espionaje ilegal a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.
Dalbón solicitó además que se cite a Fernando Soto, abogado del ministerio que impulsó la causa, y señaló que la denuncia de Bullrich afecta directamente a los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, quienes también fueron mencionados en el expediente.
Medidas que podrían configurar censura
Entre las medidas cuestionadas, Bullrich pidió el allanamiento de los estudios de "Carnaval Stream" y los domicilios de los periodistas involucrados. Además, solicitó una medida cautelar inédita: prohibir la difusión, reproducción o circulación de los audios y cualquier material relacionado con la denuncia bajo apercibimiento legal.
Para Dalbón, estas acciones constituyen un intento de censura previa, prohibida por la Constitución Nacional. En su denuncia, el abogado advirtió que la maniobra del Ministerio de Seguridad "no solo apunta a periodistas concretos, sino que busca restringir a la totalidad de los medios y plataformas digitales, constituyendo una forma de censura indirecta y masiva".
Abuso de autoridad y extralimitación funcional
Dalbón encuadra la conducta de Bullrich como un "ejemplo paradigmático de abuso de autoridad y extralimitación funcional". Según el letrado, el pedido de allanamiento, el secuestro de equipos de trabajo y la prohibición de difusión de información periodística "configuran órdenes manifiestamente contrarias a la Constitución".
El abogado solicitó que la ministra sea citada a prestar declaración indagatoria, marcando un paso clave en el conflicto entre el Ejecutivo y los periodistas, mientras crece la discusión sobre los límites del poder estatal frente a la libertad de prensa.