Una nueva polémica sacude al Ministerio de Capital Humano

El Ministerio de Capital Humano vuelve a estar en el centro de la polémica. Esta vez, trabajadores de la zona de Villa Martelli denunciaron que en el mismo galpón donde el Gobierno almacenaba alimentos destinados a comedores sociales, estaría funcionando un desarmadero ilegal de vehículos oficiales pertenecientes al Estado.

La denuncia fue presentada en el programa Minuto Uno por los periodistas Gustavo "Gato" Sylvestre y Ariel Zack, quienes aseguraron que las acusaciones provienen de empleados del área. Según el informe, los autos en cuestión pertenecen a distintas dependencias del ministerio.

Investigación judicial en marcha

El fiscal federal Federico Iuspa impulsó la acción penal y ordenó reunir pruebas para determinar si en el predio efectivamente se desmantelan vehículos estatales. La investigación quedó a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado.

El responsable del área de patrimonio, Juan Carleso, deberá responder ante la Justicia. Según lo informado, en el lugar funcionaba originalmente un taller para mantenimiento de autos oficiales, pero con el tiempo habría sido convertido en un "cementerio de autos", donde se retiraban piezas y autopartes sin control.

Testimonios y sospechas de negocio paralelo

Sylvestre detalló que muchos de los vehículos se encuentran sin identificación ni medidas de seguridad. "Les sacan el capot, las ruedas, todo. El fiscal ya activó la causa y está tomando testimonios", señaló el periodista en Radio 10.

Los trabajadores del galpón afirmaron que la situación cambió cuando se empezó a usar el predio con otros fines: "Antes era un taller, ahora parece un negocio. Las autopartes se venden caras, muchas son importadas", comentó una de las fuentes.

Antecedentes: la causa por alimentos y fondos públicos

Esta denuncia se suma a otra investigación que involucra a la ministra Sandra Pettovello, apuntada por presuntas irregularidades en compras y transferencias millonarias. En abril, el fiscal federal Franco Picardi pidió investigar una operación de $14.000 millones transferidos al PNUD en el marco del plan "Argentina Contra el Hambre".

El requerimiento incluye a Pettovello y otros funcionarios, mientras la Justicia busca determinar el destino de los fondos y la responsabilidad de los involucrados.