El Gobierno denunció un esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que podría haber desviado hasta 3.400 millones de dólares a través de facturaciones falsas de prestaciones médicas. Las nuevas autoridades del área, ahora bajo el Ministerio de Salud, estiman que el desvío de fondos alcanza el 40% del monto anual destinado a pensiones no contributivas por discapacidad. 

La denuncia, presentada por el director ejecutivo Diego Spagnuolo, está siendo investigada por el fiscal federal Guillermo Marijuan.

En una auditoría inicial, solo el 7% de las pensiones por invalidez laboral cumplían con los requisitos. La investigación reveló casos insólitos, como el uso de una radiografía de un perro para obtener una pensión. Además, se encontraron pruebas de radiografías duplicadas, análisis de laboratorio repetidos y diagnósticos médicos fraudulentos.

Las autoridades actuales de ANDIS afirman que entre el 30% y el 50% de las pensiones otorgadas durante los gobiernos kirchneristas serán dadas de baja tras una auditoría exhaustiva. Denuncian que durante gestiones anteriores, las pensiones se usaron como favores políticos, otorgándolas a personas sin la debida invalidez laboral o discapacidad.

El fiscal Marijuan indicó que el aumento de pensiones entre 2003 y 2023, pasando de 80.000 a 1.250.000, podría estar relacionado con decretos que flexibilizaron los criterios de otorgamiento, facilitando el fraude. También se detectaron casos de beneficiarios con bienes incompatibles con el beneficio, como aviones y propiedades, y personas que trabajaban mientras cobraban la pensión.

Este fraude no solo desvió fondos destinados a personas con discapacidad, sino que también utilizó recursos del Programa Nacional Incluir Salud, creado para brindar cobertura médico-asistencial a los titulares de pensiones no contributivas. Las irregularidades encontradas incluyen facturación de servicios no prestados y el uso indebido de recursos.

Las nuevas autoridades aseguran que el mecanismo de fraude ha vulnerado gravemente los derechos de las personas con discapacidad, utilizando los fondos para arreglos políticos y beneficios personales. La investigación continúa y ya ha llevado a la baja de muchas pensiones irregulares.