Tras más de veinte años de proyectos, idas y vueltas legislativas y debates atravesados por casos de alto impacto público, el Senado de la Nación comenzó este viernes el tratamiento del nuevo Régimen Penal Juvenil, que contempla la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de Diputados, se encamina a convertirse en ley.

El debate arrancó a las 11.32 y reúne a casi 30 oradores. El oficialismo busca sancionar la norma antes de la apertura de sesiones ordinarias, donde el presidente Javier Milei destacaría el avance como uno de los hitos de su agenda legislativa.

Una reforma que vuelve al centro de la agenda

El proyecto fue trabajado en comisiones de la Cámara de Diputados entre 2024 y 2025, y recibió media sanción el pasado 12 de febrero. En las últimas semanas, el oficialismo decidió acelerar su tratamiento en el Senado, en un contexto atravesado por el impacto social de casos resonantes y un escenario parlamentario más favorable para La Libertad Avanza.

La apertura del debate estuvo a cargo del presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Gonzalo Guzmán Coraita, quien definió la jornada como "histórica".

El senador recordó que la actual Ley de Minoridad rige desde 1980, es decir, antes de la reforma constitucional de 1994 y de la jerarquización de la Convención sobre los Derechos del Niño.

"Estamos frente a un régimen moderno, integral y especializado, con garantías de debido proceso", afirmó el legislador oficialista.

El eje central: la edad de imputabilidad

Uno de los puntos más discutidos es la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años para delitos graves.

Guzmán Coraita defendió la modificación al señalar que "la edad de 16 años no es un estándar en sí mismo" y que existen antecedentes internacionales donde el piso está fijado en 14 años sin que ello contradiga la Convención de los Derechos del Niño.

Además, citó estadísticas de la Corte Suprema: en 2023 se registraron 17.551 causas penales con menores involucrados y en 2024 fueron 18.972, lo que representa un incremento del 10%.

"Detrás de cada número hay una víctima, una familia y también un adolescente que cometió un delito", sostuvo.

Las advertencias sobre recursos y capacidad instalada

Desde la oposición, el debate se centró en la viabilidad del sistema y el financiamiento.

El senador Jorge Capitanich planteó que la aplicación del régimen recae en las provincias, que deberán contar con infraestructura, personal y políticas públicas específicas. Advirtió que, sin recursos adecuados, la ley podría quedar en "letra muerta".

Según datos mencionados en el recinto, en Argentina hay 935 niños y adolescentes detenidos. El porcentaje de delitos cometidos por menores rondaría el 2% del total, con una fuerte concentración en delitos contra la propiedad.

Capitanich también alertó sobre la sobrepoblación carcelaria, estimada en un 30%, y cuestionó el presupuesto previsto en el proyecto.
"El exceso de punitivismo no resuelve el problema, solo lo traslada", afirmó.

Posturas a favor: modernización y límites claros

Desde la UCR, la senadora Gabriela Valenzuela calificó la iniciativa como una "reforma trascendental". Sostuvo que el Congreso debe saldar una deuda democrática al reemplazar una norma heredada de la dictadura.

"Estamos discutiendo qué Estado queremos frente a delitos cometidos por adolescentes", expresó.

Valenzuela destacó que la privación de libertad no será automática, sino un recurso excepcional dentro de un esquema que contempla garantías procesales y mecanismos de reinserción.

En la misma línea, la senadora tucumana Beatriz Ávila afirmó que se trata de un tema "complejo y profundamente necesario".

"Cuando un menor comete un delito todos fracasamos. Pero ese fracaso no puede convertirse en impunidad", sostuvo.

Ávila remarcó que el Estado debe proteger a la sociedad y, al mismo tiempo, ofrecer herramientas de recuperación para evitar que los jóvenes sean captados por organizaciones delictivas.

Las críticas: presupuesto y enfoque integral

Por su parte, la senadora Alicia Kirchner puso el foco en la falta de infraestructura y en el financiamiento para las provincias.

Señaló que actualmente existen 56 centros de alojamiento en el país y que seis provincias no cuentan con ninguno.
"¿Quién las va a apoyar? ¿La Nación va a derivar los fondos?", cuestionó.

También comparó la situación con otros países de la región, como Colombia y Ecuador, donde la edad de imputabilidad es menor, pero los niveles de encierro juvenil son más altos.

"Evidentemente la edad no es el problema, el problema va más a fondo", advirtió.

En tanto, la senadora neuquina Nadia Márquez (LLA) defendió la reforma al calificar la ley vigente como "arcaica y vetusta" y sostuvo que los adolescentes de 14 y 15 años comprenden la ilicitud de sus actos.

Un debate que atraviesa a todo el sistema político

La discusión sobre el Régimen Penal Juvenil atraviesa dimensiones jurídicas, sociales y presupuestarias. Mientras el oficialismo lo presenta como una modernización necesaria, parte de la oposición advierte que sin políticas integrales en salud mental, educación e inclusión laboral, la reforma podría no alcanzar los resultados esperados.

Con casi 30 oradores inscriptos, el Senado se prepara para una votación que puede marcar un punto de inflexión en la política criminal argentina.

Si se aprueba, la baja de la edad de imputabilidad a 14 años pondrá fin a más de dos décadas de debate inconcluso y abrirá una nueva etapa en el tratamiento penal de adolescentes en el país.