Caso Vialidad: piden trabar bienes de Cristina Kirchner y otros condenados por $685 mil millones

Los fiscales Luciani y Mola buscan evitar maniobras para eludir el decomiso de bienes ordenado por la Justicia.

En un nuevo capítulo del caso Vialidad, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron al Tribunal Oral Federal 2 reforzar las restricciones sobre los bienes de todos los condenados, incluida la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El objetivo: garantizar que el Estado pueda recuperar más de 500 millones de dólares en concepto de perjuicio económico.

La solicitud apunta a extender a todos los imputados las limitaciones que ya pesan sobre Lázaro Báez, como la imposibilidad de realizar actos jurídicos sobre sus bienes. Los fiscales también solicitaron que se libren oficios para rastrear propiedades y movimientos financieros de Claudia Insaurralde, pareja de Báez, quien podría haber actuado como testaferro.

El poder de Báez y la sospecha sobre su pareja

Según el escrito, en 2020 Báez le otorgó a Insaurralde un poder amplio para manejar sus negocios. Los fiscales sospechan que ese instrumento podría estar siendo utilizado para ocultar bienes o traspasarlos a terceros, motivo por el cual pidieron que se notifique a la cárcel de Río Gallegos para que, si detectan el documento nuevamente, lo retengan de inmediato.

Además, la medida también busca alcanzar a los beneficiados con prisión domiciliaria, como Cristina Kirchner y el exfuncionario Nelson Periotti, a fin de bloquear cualquier intento de evadir el decomiso ordenado.

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Más de $684 mil millones a devolver o subasta pública

La Corte Suprema, a través de sus peritos contables, actualizó el monto que deben reintegrar los condenados por los daños al Estado. El total asciende a $684.990.350.139,86, cifra determinada en base al índice de precios al consumidor (IPC) publicado por el INDEC hasta mayo de 2025.

Una vez notificados, los involucrados tendrán 10 días hábiles para devolver el dinero. En caso de no hacerlo, la Justicia procederá a ejecutar los bienes embargados mediante subasta pública.

El pedido fiscal busca evitar maniobras dilatorias o de ocultamiento patrimonial, mientras avanza una de las causas más emblemáticas que involucra a una expresidenta en ejercicio de funciones.

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