Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola presentaron una apelación para que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumpla su condena en una unidad penitenciaria, en lugar de continuar con la prisión domiciliaria en su departamento de la calle San José 1.111, en el barrio porteño de Monserrat. En su presentación, señalaron que "jamás existieron motivos reales" para que la dirigente del peronismo no esté detenida en una cárcel, tal como lo indica la legislación penal vigente.

Los fiscales solicitaron a la Cámara Federal de Casación Penal que revoque el beneficio otorgado por el Tribunal Oral Federal 2, que había justificado la prisión domiciliaria por razones de seguridad y la avanzada edad de la exmandataria, que tiene 72 años.

Cuestionamientos por la seguridad y el impacto en el barrio

Luciani y Mola también cuestionaron el lugar elegido para el arresto domiciliario. Basados en informes del gobierno porteño, mencionaron que la presencia de Cristina Kirchner en ese domicilio ha generado marchas, ruidos molestos, problemas en la recolección de residuos y obstaculización del tránsito de ambulancias. Incluso hicieron referencia a imágenes de medios donde se ve a personas en balcones linderos y a manifestaciones frente al edificio.

En ese sentido, los fiscales advirtieron que, en caso de mantenerse la prisión domiciliaria, se debería cambiar de ubicación para evitar complicaciones tanto para la seguridad de la expresidenta como para el entorno barrial.

Apuntan contra privilegios y apelan otras medidas

En su dictamen, Luciani y Mola cuestionaron el trato diferencial hacia Cristina Kirchner. Señalaron que los otros ocho condenados en la causa "Vialidad" se presentaron personalmente en los tribunales para comenzar a cumplir sus penas, mientras que a la expresidenta no se le exigió ese paso. También rechazaron que su edad implique automáticamente el beneficio del arresto domiciliario.

Además del pedido para que cumpla su condena en prisión, la Fiscalía apeló otras condiciones otorgadas por el Tribunal, como el régimen de visitas sin control judicial para familiares y allegados. También se objetó el uso de la tobillera electrónica. Todos estos planteos serán analizados por la Sala IV de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, que ya fijó una audiencia para el próximo 7 de julio.