Cristina Fernández de Kirchner aguarda una resolución judicial sobre su pedido de prisión domiciliaria antes de que se cumpla el plazo para presentarse en Comodoro Py, el próximo miércoles. Mientras tanto, el juez Jorge Gorini, del Tribunal Oral Federal 2, solicitó un informe socioambiental sobre el domicilio de la exmandataria, paso previo para evaluar su situación. Además, pidió la opinión del fiscal Diego Luciani, quien insiste en que la detención debe ser inmediata.

Desde su defensa, encabezada por los abogados Alberto Beraldi y Ari Llernovoy, argumentan que CFK, por tener más de 70 años, tiene derecho a solicitar la domiciliaria. También subrayan que su seguridad no puede garantizarse en un penal, recordando el intento de magnicidio que sufrió en 2022. En su presentación, remarcan que ingresar al sistema penitenciario anularía el sistema especial de custodia que tiene como expresidenta y que el aislamiento necesario violaría estándares internacionales.

El estudio socioambiental se haría en su domicilio de la calle San José al 1100, donde reside actualmente. Allí se evaluarán condiciones como el entorno, la salud y el nivel de asistencia que recibe, para determinar si es apto para cumplir su condena allí.

El temor a una movilización masiva

El pedido de CFK también incluye que todas las notificaciones sean virtuales, como en otras instancias del juicio, para evitar su traslado a tribunales. La presencia de la expresidenta en Comodoro Py podría generar una importante movilización, como la ocurrida en 2016 cuando fue citada por el juez Claudio Bonadío. A pesar de todo, según su entorno, ella está dispuesta a presentarse y no teme quedar detenida.

El tribunal notificó a la alcaidía de Comodoro Py para que esté preparada por si hay presentaciones de detenidos. Aunque todavía no está claro si será alojada ahí, lo que sí se sabe es que su llegada implicaría una fuerte presencia de militancia en las afueras.

Según las normas generales de prisión domiciliaria en Argentina, no hay restricciones para recibir visitas ni para usar el teléfono celular, y no se requiere vigilancia policial en la puerta, aunque este punto se ve alterado en su caso debido a su condición de expresidenta y las amenazas que recibió.

La ofensiva de los fiscales

Frente al plazo de cinco días hábiles que estableció Gorini para que los condenados se presenten, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola presentaron un recurso de reposición. Consideran que la sentencia firme exige detenciones inmediatas, sin demoras ni "discrecionalidad". Alegan que la ejecución debe ser urgente "para preservar el sistema democrático", aunque no detallan qué riesgos procesales podrían darse en caso de esperar.

En lo que parece ser una estrategia de presión, los fiscales insisten en acelerar los tiempos del proceso, a pesar de que el tribunal ya fijó condiciones claras y que no existe un plazo específico en la ley para estas presentaciones.