La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal convocó a una audiencia para el 7 de julio a las 12 para tratar un punto sensible del cumplimiento de la prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner: las restricciones a las visitas en su domicilio de la calle San José al 1100.

El planteo fue realizado por la defensa de la ex presidenta, que recurrió una resolución del Tribunal Oral Federal N° 2. El tribunal había limitado las visitas a una lista cerrada de familiares, abogados, médicos y personal de seguridad, y ordenó pedir autorización previa para cualquier otro ingreso. Además, dispuso el uso obligatorio de una tobillera electrónica, aunque ese punto todavía no llegó a Casación.

La defensa cuestiona las condiciones impuestas

El abogado de Cristina, Carlos Beraldi, pidió revertir esa decisión. En su presentación, objetó que se obligue a presentar una lista restringida y reservada de personas autorizadas, y solicitó libertad para recibir visitas sin solicitar permiso judicial.

Cabe recordar que el pasado 17 de junio, la Corte Suprema confirmó la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad. También ratificó que la pena se cumpla de forma domiciliaria, bajo condiciones específicas: no alterar el orden público, limitar los ingresos al domicilio y portar la tobillera.

El tribunal rechazó el pedido de eliminar estas condiciones, pero ahora será Casación quien deberá revisar la legalidad de esa decisión.

Una audiencia clave en un clima político cargado

La causa no solo genera tensión judicial, sino también repercusión política. Más de 700 personas, entre ellas 44 diputados y 30 senadores, pidieron autorización formal para poder visitar a la ex mandataria en su casa.

Mientras tanto, los fiscales de la causa, Diego Luciani y Sergio Mola, mantienen abierta la posibilidad de apelar la prisión domiciliaria ante la Cámara si consideran que la medida es improcedente. Ambos ya se habían manifestado en contra de conceder ese beneficio.

La audiencia del 7 de julio será una instancia clave: las partes expondrán sus argumentos y la Cámara contará luego con cinco días hábiles para tomar una decisión que podría modificar el régimen actual.