La interna del Poder Judicial de Santa Cruz sumó un nuevo capítulo y dejó al descubierto una crisis institucional profunda. En medio de una Corte partida en dos, el juez Daniel Mariani anuló un aumento salarial del 42% que había sido aprobado por otro sector del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), lo que reavivó la disputa por el control del máximo órgano judicial de la provincia.

Un aumento millonario que quedó en pausa

La polémica estalló luego de que cuatro integrantes del TSJ avalaran un esquema de subas escalonadas que podía llevar los sueldos de algunos jueces hasta los 24 millones de pesos. Mariani, firmando como presidente del tribunal, ordenó frenar de inmediato la liquidación del incremento y argumentó que la resolución "no tiene validez" por no contar con el quórum ni la mayoría exigida por ley.

Según su postura, el aumento fue decidido por un cuerpo "mal integrado", en referencia al conflicto abierto tras la reforma judicial que amplió la Corte de cinco a nueve miembros.

Dos presidencias y una Corte dividida

El trasfondo del conflicto es más profundo que la discusión salarial. Desde la reforma impulsada por el gobernador Claudio Vidal, conviven dos sectores enfrentados dentro del TSJ: el bloque de jueces históricos, alineados con el kirchnerismo, y los nuevos integrantes designados por el actual gobierno provincial.

Esa fractura derivó en una situación inédita: dos presidentes del tribunal firmando resoluciones en paralelo. Mientras Mariani tomó juramento a los nuevos vocales, Reneé Fernández -referente del sector opositor a la reforma- desconoció esas decisiones y mantuvo el control administrativo del organismo.

El Gobierno y los gremios salieron al cruce

El gobernador Vidal repudió con dureza el intento de aumento y lo calificó como una "burla a la sociedad santacruceña". En redes sociales, denunció que los jueces "se atrincheran en privilegios" mientras la provincia atraviesa dificultades económicas.

La reacción también llegó desde los gremios. ATE Santa Cruz rechazó lo que definió como un "salariazo auto otorgado" y reclamó que la medida quede sin efecto, señalando la desconexión de la cúpula judicial con la realidad social de la provincia.

Una Justicia paralizada y sin definición a la vista

Con fallos cruzados, apelaciones en curso y acusaciones de usurpación de funciones, el funcionamiento del Poder Judicial quedó virtualmente paralizado. La validez de los nombramientos y de las resoluciones sigue atada a lo que defina la Justicia en instancias superiores.

Mientras tanto, Santa Cruz enfrenta una Corte fragmentada, sin conducción clara y con una crisis que ya trasciende lo judicial para convertirse en un problema político e institucional de alto voltaje.