La Corte Suprema de Justicia estableció un aumento del 25% para todos los empleados, dividido en un 17% retroactivo a febrero y un 8% para marzo. Este incremento, el primero del año, se realiza en conformidad con la Ley Nº 9.735, que regula los gastos del personal de los tres poderes del Estado en la provincia. Según la acordada 153/2024, "los actos de administración, disposición e imputación de los créditos presupuestarios son adoptados en el Poder Judicial mediante acuerdos de esta Excelentísima Corte, en uso de las facultades que le son propias". Además, se establece que "las pautas salariales deben aplicarse conforme a las características propias del esquema judicial y las competencias y funciones atribuidas por la normativa vigente".

En relación con los sueldos básicos del personal judicial, la Corte determinó: "contando con créditos presupuestarios suficientes provistos por Ley Nº 9735 de Presupuesto General de la Administración Pública Provincial para el ejercicio 2024", se procederá al aumento a partir del 1 de febrero de 2024, con los importes retroactivos abonados en marzo de 2024. Este aumento se basa en la necesidad de gestionar créditos presupuestarios suficientes para el ejercicio de las funciones judiciales.

En comparación con otros poderes y jurisdicciones, se destaca que el aumento otorgado por la Corte está por debajo de lo que perciben los empleados de la Justicia Federal y de otras jurisdicciones provinciales como Capital Federal, Córdoba, Mendoza, Salta y Jujuy.

Por ejemplo, el gobernador Osvaldo Jaldo firmó un acuerdo con los gremios estatales a fines de febrero, que incluía una suma fija de $170.000 más un 12% sobre el sueldo básico. Según sus declaraciones, ningún empleado estatal cobrará menos de $402.000, lo que marca una diferencia significativa respecto al aumento otorgado en el Poder Judicial.