Hay momentos en la política donde un hecho deja de ser un problema judicial para transformarse en un problema de poder. Eso está pasando con el escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad y las denuncias de coimas que salpican al entorno más íntimo del presidente Javier Milei. Lo que empezó con audios filtrados terminó exponiendo una trama que compromete no sólo a funcionarios de segunda línea, sino a la mismísima Karina Milei, la hermana y principal figura de confianza del Presidente. 

El gobierno intentó reaccionar tarde, negando todo y denunciando operaciones políticas, pero el daño ya estaba hecho. Durante días, Milei y su hermana eligieron el silencio, mientras la oposición llenaba ese vacío con acusaciones cada vez más duras. Julia Estrada habló en el Congreso de "coimas sistemáticas" y Elisa Carrió fue más lejos, bautizando a Karina como "la cajera del gobierno". Y cuando un apodo así se instala, es porque la política ya huele sangre. 

No es que este caso haya caído del cielo. Antes estuvo la polémica por la criptomoneda $LIBRA, que se desplomó minutos después de ser promocionada por el propio Milei, y mucho antes, las denuncias por venta de candidaturas en la campaña de 2023. Cada capítulo fue acumulando sospechas, pero fue el "3%" en las compras de medicamentos para personas con discapacidad lo que rompió la coraza discursiva del mileísmo. 

Y es aquí donde los números empiezan a hablar. El último informe de Hugo Haime muestra que la aprobación del gobierno cayó a 38%, la imagen positiva de Milei retrocedió a 43% y la de Karina Milei se desplomó al 28%. Más de la mitad del país ya dice que votará a la oposición para "ponerle límites" al Presidente, y la corrupción escaló al 38% como principal preocupación nacional, superando incluso a la inflación. Que un gobierno libertario, nacido al calor de la promesa anticasta, tenga a la corrupción como tema central es más que un problema de imagen: es un quiebre simbólico. Porque si ese quiebre se consolida, no habrá ajuste, ni superávit, ni motosierra que alcance para reconstruir la credibilidad perdida. 

El impacto no es sólo electoral. Milei llega a la segunda mitad de su mandato sin haber construido todavía el poder parlamentario que necesita para gobernar. Octubre era la gran apuesta para sumar bancas y dejar de depender de acuerdos frágiles con la oposición. Pero ahora el escenario cambió: si las encuestas que marcan caída en la intención de voto oficialista se confirman en las urnas, el Presidente podría terminar sus dos años restantes con menos margen político que antes, atrapado entre una economía que no repunta y un Congreso que no controla. Gobernar en minoría ya era difícil; hacerlo con sospechas de corrupción sobre la mesa puede volverse un ejercicio de supervivencia diaria. 

El caso ANDIS puede terminar siendo más que un capítulo escandaloso. Puede convertirse en el punto de inflexión donde Milei, que prometía dinamitar a la casta, empiece a parecerse demasiado a lo que vino a destruir. Y cuando eso pasa, la política argentina suele tener un desenlace conocido: el poder deja de ordenarse en torno al Presidente y empieza a ordenarse en torno a su eventual reemplazo. A Milei todavía le quedan dos años de mandato, pero si la derrota electoral se confirma en octubre, lo que seguirá en juego ya no será la campaña ni el relato. Será la gobernabilidad.