Durante casi dos años, la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) fue escenario de un sofisticado esquema de corrupción basado en una asociación ilícita, cohecho y defraudación agravada, según el fiscal federal Franco Picardi. La maniobra giraba en torno a las llamadas "compulsas reducidas", un mecanismo que permitió direccionar compras públicas y generar un perjuicio estatal que superó los $43.000 millones en solo doce meses.

El fiscal Picardi y el juez Sebastián Casanello avanzaron sobre los primeros responsables visibles: los exfuncionarios Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini. Sin embargo, ambos dejaron en claro que la causa apunta más alto: hacia quienes ubicaron a Garbellini dentro del organismo y a quienes habrían dirigido la cartelización de droguerías, donde aparecen los hermanos Kovalivker, dueños de Suizo Argentina, con vínculos políticos fluidos con los Menem, en especial con Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

Las pruebas judiciales incluyen audios en los que Spagnuolo detalla cobros de sobornos, el rol de Garbellini como recaudador y el envío de retornos "hacia arriba", con menciones a Eduardo "Lule" Menem y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Cartelización, sobreprecios descomunales y tres niveles de operación

De acuerdo con la investigación, la maniobra se apoyaba en la manipulación del sistema informático de la Andis para dividir las compras en dos circuitos: uno regular, con 14 a 16 empresas, y otro reducido, donde solo competían 3 o 4 droguerías elegidas: Profarma, Génesis, New Farma y Floresta.

Esa cartelización permitió sobreprecios extremos. Por ejemplo, el medicamento Macitentan, que se adquiría por $411.764 en compulsas abiertas, se adjudicó en $8,3 millones en una compulsa reducida apenas tres días después. El Burosumab pasó de $19 millones a $45 millones; y el Guselkumab llegó a tener aumentos del 20%.

El fiscal identificó tres niveles de responsabilidad:

Primer nivel: los funcionarios Spagnuolo y Garbellini, quienes direccionaban compras, garantizaban cobertura institucional y recibían pagos en efectivo.

Segundo nivel: los operadores externos Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian. Aunque sin cargos formales, impartían órdenes, decidían adjudicaciones y tenían personal infiltrado dentro del organismo, como Lorena Di Giorno, Eduardo "Pino" González y Luciana Ferrari.

Tercer nivel: los empresarios beneficiados. Entre ellos, Andrés Arnaudo (Génesis), Ruth Lozano (Profarma), Patricio Rama (New Farma), Silvana Escudero y Alejandro Fuentes (Floresta), quienes coordinaban qué empresa ganaría cada compulsa mientras ejecutaban las cargadas en el sistema.

Lavado de activos, dólares, criptomonedas y vuelos privados

El dinero producto de la trama circulaba por distintos canales. La Justicia detectó que Spagnuolo recibió pagos directos de Calvete y acumuló US$82.000 en una caja de seguridad, además de tener una máquina de contar billetes en su casa. También se investiga el financiamiento de obras millonarias en la vivienda de Garbellini y gastos con tarjeta muy superiores a su salario.

Para el presunto lavado a gran escala, Picardi ubicó a dos actores centrales:

• Alan Pocovi, vinculado al entorno de Zulemita Menem, quien recibía efectivo y transferencias que convertía en criptomonedas a través de la plataforma "Neblockshain".

• Sergio Mastropietro, ligado a Baires Fly, que recibía pagos millonarios de las droguerías bajo el concepto de "compra de kilómetros" para aeronaves.

Ambos movían fondos para blanquear el dinero, mientras que Baires Fly ofrecía además un potencial mecanismo de fuga por su servicio 24 horas.

Las escuchas judiciales revelan órdenes directas de Calvete: "Llamalo a Alan", "preguntale a Sergio", confirmando que ambos integraban la estructura financiera del esquema.