Una jornada de extrema visibilidad y conflicto se vivió este jueves en las puertas del Congreso de la Nación. Agentes de la Policía Federal detuvieron a 12 activistas de la organización Greenpeace y a un camarógrafo -quien resultó herido durante el operativo- mientras se manifestaban en rechazo a las modificaciones de la Ley de Glaciares.

La protesta incluyó una puesta en escena impactante: los manifestantes saltaron las rejas del edificio y se sentaron en inodoros sobre las escalinatas, simbolizando el desecho de un recurso vital. El reclamo apunta directamente al proyecto que el oficialismo pretende sancionar hoy en el Senado, el cual busca flexibilizar la normativa vigente desde 2010 que prohíbe taxativamente las actividades extractivas en áreas glaciares y periglaciares.

Los cambios clave: ¿Qué busca el Gobierno?

El dictamen que llega al recinto no presenta modificaciones estructurales respecto al texto de diciembre, pero sí incorpora artículos que generan alarma en los sectores ambientalistas. La intención del Ejecutivo es priorizar la actividad minera e hidrocarburífera en provincias como Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta.

Los puntos centrales de la reforma son:

• Explotación de recursos: Se abriría la posibilidad de realizar proyectos mineros en áreas de glaciares, siempre y cuando se determine que estos no son "hídricamente relevantes".

• Poder a las provincias: Si el proyecto se convierte en ley, serán las provincias las encargadas de determinar esa "relevancia hídrica", otorgándoles la potestad final sobre los estudios de impacto ambiental.

• Monitoreo de caudales: Se incluyeron agregados para cumplir con la Ley del Régimen de Gestión Ambiental del Agua, lo que implicaría un control sobre la calidad y cantidad del agua afectada por la actividad industrial.

La advertencia de Greenpeace: "El agua no se negocia"

Desde la organización ecologista, la especialista en biodiversidad Agostina Rossi Serra lanzó una dura advertencia sobre las consecuencias de este cambio legislativo. Según Rossi Serra, la protección de estas reservas estratégicas de agua dulce afecta directamente a más de 7 millones de argentinos.

"Reducir los estándares de protección actuales representaría un retroceso peligroso que compromete el acceso al agua de las generaciones presentes y futuras", explicó la especialista. Para Greenpeace, la reforma ignora los compromisos internacionales de Argentina frente a la crisis climática y prioriza intereses económicos de corto plazo sobre la seguridad hídrica de las comunidades.