El próximo miércoles, el Gobierno se enfrenta a una marcha convocada por la comunidad universitaria en respuesta al veto a la ley de financiamiento, un tema que genera un profundo malestar en el sector. La movilización, considerada "indesactivable" por funcionarios de la Casa Rosada, se produce en un contexto de caída en la imagen presidencial y un alarmante índice de pobreza que alcanzó el 52,9%, la cifra más alta en dos décadas.

La situación se complica tras la reciente decisión del Ejecutivo de recortar el presupuesto universitario, lo que provocó una masiva movilización en abril pasado. En ese momento, la popularidad de Javier Milei era superior a la actual, lo que hace que esta nueva manifestación sea aún más preocupante para el Gobierno.

Intentos de diálogo insuficientes

En un intento por mitigar el conflicto, el Gobierno ofreció un aumento salarial del 6,8% a docentes y no docentes, pero esta propuesta fue rechazada por los gremios, que la consideraron insuficiente. La tensión se incrementó durante las reuniones entre funcionarios de Educación y representantes de las universidades, donde el clima se tornó crispado.

El Ejecutivo, consciente de la inminente manifestación, planea estirar la publicación del veto hasta el último momento, lo que ha generado críticas y preocupación entre los rectores y gremios universitarios. Sin embargo, este gesto no parece ser suficiente para desactivar la movilización.

La movilización y sus implicaciones

Aunque los organizadores de la marcha del 2 de octubre no esperan la misma magnitud que la movilización anterior, están decididos a hacer escuchar su reclamo auténtico. La falta de recursos está afectando gravemente la operatividad de hospitales universitarios y la calidad educativa, lo que agrava el descontento.