Se presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas, que en algunos casos llevan años sin saber el paradero de sus seres queridos ni si el Estado realmente los está buscando.

El proyecto propone robustecer el Sistema Federal de Búsqueda de Personas (SIFEBU).

En la actualidad, cada investigación depende del criterio, los conocimientos y los recursos que existan en la jurisdicción donde la persona desaparece. Y lo que es más grave: nadie sabe cuántos argentinos tienen paradero desconocido.

El proyecto busca que se registre como "persona desaparecida" a toda persona cuyo paradero se desconozca, desde el mismo momento en que se advierte su ausencia, es decir de "forma inmediata, y continuar hasta que se determine con certeza el destino de la persona desaparecida".

La iniciativa fue presentada por el diputado Carlos Cisneros (Unión por la Patria), que le da fuerza de ley al Sistema Federal de Búsqueda de Personas (Sifebu). Ese programa, que depende del Ministerio de Seguridad, es el encargado de coordinar todos los recursos federales ante una búsqueda, así como de llevar un registro de desapariciones, entre otras funciones.

La iniciativa también promueve la creación de un Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Personas con Identidad Desconocida. Con este organismo busca resolver una de las grandes falencias del sistema actual: la falta de datos confiables sobre cuántos argentinos hoy tienen paradero desconocido.

"No puede ser que las familias pasen años con la incertidumbre de saber qué le habrá pasado a su ser querido. Una norma con jerarquía de ley le da estabilidad institucional, establece obligaciones concretas del Estado", explicó Cisneros, quien remarcó que algo que diferencia a su proyecto de otras iniciativas que se han presentado es que "este garantiza un abordaje con perspectiva de derechos humanos y de género".

Según reportes del Sibefu, a fines del año último habían 43.450 búsquedas activas en todo el país pero estimaba que alrededor del 90% estaban sin efecto, sobre todo, porque la persona había desaparecido pero la búsqueda no se había dado de baja.

La iniciativa de Cisneros fue girada a distintas comisiones, como Derechos Humanos y Garantías, Justicia, Seguridad Interior y Presupuesto y Hacienda y espera su tratamiento.

"El objetivo es lograr un consenso amplio porque creemos que este es un tema que trasciende los colores políticos y tiene que ver con una deuda del Estado con las familias", sostuvo el legislador.