El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales organizó conversatorio sobre censura judicial

El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) dio la bienvenida a un conversatorio titulado "Ministerio Público Fiscal de Tucumán: eficacia, transparencia y censura", motivado por la denuncia de Edmundo Jiménez y la posterior resolución del juez subrogante Lucas Taboada, que prohibió a medios del grupo CCC publicar críticas a fiscales o jueces del sistema de justicia provincial. Los organizadores calificaron esta medida como un uso del sistema penal al servicio de la censura.

El encuentro contó con la participación de destacados especialistas: Julián Alfie, director ejecutivo de INECIP; Alicia Noli, presidenta de la Asociación de Profesores de Derechos Humanos; Fernando Stanich, de FOPEA; Roque Galeano, periodista de El Avispero y Enterate Noticias y Mariana Romero. 

Eficacia y transparencia del Ministerio Público: el análisis de Julián Alfie

Julián Alfie abrió el debate destacando la relevancia de la eficacia y transparencia del Ministerio Público Fiscal de Tucumán antes de abordar el caso de censura. Alfie condenó el acto, atribuyendo su origen a la opacidad e ineficacia del organismo y advirtió que la criminalización judicial de medios es excepcional en forma, pero no en fondo, debido a la concentración de poder que han adquirido los fiscales en América Latina.

Durante su intervención, Alfie describió cómo la creciente criminalidad -desde delitos callejeros hasta violencia de género y corrupción- aumenta la responsabilidad social de los ministerios públicos. Explicó que las reformas buscan terminar con la histórica impunidad que favorece a ciertos grupos mientras deja desprotegidos a ciudadanos y víctimas de abusos.

El especialista identificó tres modelos de ministerios públicos y calificó como el más dañino aquel cooptado por grupos de poder, como sucede en Tucumán, donde la impunidad se perpetúa y se reacciona con violencia ante el escrutinio. Propuso fortalecer el control sobre las fiscalías generales, generar mayor transparencia y fomentar un debate democrático sobre su desempeño, destacando que la ciudadanía debería poder supervisar la eficacia de estas instituciones.

Libertad de expresión y censura: la mirada constitucional de Alicia Noli

Alicia Noli agradeció la invitación y compartió la perspectiva de Alfie sobre la transición del sistema inquisitivo al acusatorio, que concentra poder en el Ministerio Público. Noli calificó la resolución de Tabuada, que impone censura previa a medios, como absolutamente prohibida desde el derecho constitucional y los derechos humanos.

La experta enfatizó que la libertad de expresión tiene máxima protección constitucional y está respaldada por instrumentos internacionales, incluso cuando las expresiones puedan resultar molestas o inciertas. Recordó que el Poder Judicial no puede restablecer delitos inexistentes relacionados con calumnias o injurias en asuntos públicos y citó el caso Kimel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Noli subrayó la importancia de la discusión democrática y la participación ciudadana para sostener el estado de derecho, alertando sobre un debilitamiento que afecta especialmente a la libertad de expresión frente a noticias falsas, desinformación e inteligencia artificial. Concluyó que la censura judicial constituye un ataque directo a los derechos humanos y que solo los regímenes tiránicos cuestionan estas protecciones.

Libertad de prensa y autocensura: el diagnóstico de Fernando Stanich

Fernando Stanich señaló un deterioro de la libertad de expresión y acceso a la información en Argentina, con un aumento de la violencia estatal o paraestatal contra medios, que en 2024 alcanzó un 80% de los casos según FOPEA. Destacó la opacidad del poder judicial y la falta de control ciudadano, además de un subregistro de agravios debido a la naturalización de conflictos por parte de periodistas.

En su exposición, Stanich mencionó el caso del "bozal legal" impuesto durante seis meses en Tucumán, comparándolo con antecedentes como el procesamiento de la periodista Irene Benito y el caso de la jueza Abraham. Resaltó que estas medidas buscan generar autocensura y disciplinar a toda la comunidad periodística.

Casos locales y amenazas a la libertad de expresión: la voz de Roque Galeano

Roque Galeano, periodista de Enterate Noticias, coincidió en que Tucumán enfrenta un retroceso en materia de libertad de prensa debido al bozal legal solicitado por Edmundo Pirincho Jiménez. Enumeró casos que cubrió su medio, incluyendo femicidios, denuncias de contaminación, violaciones grupales y corrupción, destacando la relevancia de dar voz a las víctimas.

Galeano relató el caso de Carla Robles, una joven que denunció a su expareja y se suicidó luego de que la causa fuera archivada y se aplicara la censura. Señaló que la medida afecta a todos los programas de la cableoperadora CCC y constituye un precedente peligroso para la prensa local.

Retos del periodismo en Tucumán: testimonios de Mariana Romero y conclusiones

Mariana Romero resaltó la dificultad de cubrir casos judiciales debido a la falta de acceso a información pública, el seguimiento policial constante y la arbitrariedad de las audiencias. Recordó un episodio donde intentaron impedirle grabar en el Palacio de Tribunales y citó otros antecedentes de sanciones judiciales contra periodistas.

En el cierre, los expositores coincidieron en la necesidad de responder a la censura con más periodismo y mecanismos democráticos, escalando los casos ante la justicia y promoviendo la transparencia. Alicia Noli destacó la gravedad del clima de ataques a la libertad de expresión y reafirmó la importancia de un Estado de derecho que proteja la difusión de información de interés público.