En un nuevo capítulo judicial con fuerte impacto político, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, solicitó a la Corte Suprema que eleve la condena contra Cristina Fernández de Kirchner a 12 años de prisión, en el marco de la causa Vialidad, en la que se investigan supuestas irregularidades en la adjudicación de obras públicas durante su gobierno.

El pedido se alinea con la posición del fiscal ante Casación, Mario Villar, quien había reclamado que se considere a la expresidenta como jefa de una asociación ilícita. Actualmente, Cristina Kirchner tiene una condena de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, pero la Corte tiene en sus manos la última palabra.

Asociación ilícita: el argumento clave del dictamen

Casal cuestionó que se haya desestimado el delito de asociación ilícita, al argumentar que la organización criminal no necesitaba detallar previamente cada maniobra para ser considerada como tal. Según el procurador, los imputados conformaron un grupo con fines defraudatorios amplios y sistemáticos, más allá de las obras concretas adjudicadas.

Además, pidió que se reviertan las absoluciones de Julio De Vido, Abel Fatala y Héctor Garro, todos exfuncionarios claves durante los gobiernos kirchneristas. Casal los acusó de haber sido organizadores o facilitadores de un esquema que benefició de forma fraudulenta a la empresa Austral Construcciones, de Lázaro Báez.

La causa en manos de la Corte Suprema

La decisión ahora está en manos de la Corte, que no tiene plazos establecidos para resolver. El dictamen de Casal no es vinculante, pero tiene un fuerte peso institucional en el proceso.

Previo a esto, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un pedido de absolución presentado por la defensa de Cristina Kirchner, al considerar que no se habían rebatido adecuadamente los argumentos que sostenían la condena inicial.

El abogado de la expresidenta, Carlos Beraldi, volvió a insistir ante la Corte para revertir la condena de seis años y desestimar el fallo por supuestas "irregularidades" en la investigación y el juicio.