Después del intento fallido de recusación que presentó la defensa de Julio De Vido, el Tribunal Oral Federal Nº 7 intentará avanzar este jueves 4 de diciembre con la Causa Cuadernos.

El TOF se centrará en las últimas 47 páginas del tercer requerimiento de elevación a juicio: la existencia de un sistema organizado con una clara jerarquía de mando, creado con el objetivo de recaudar dinero de manera ilegal que funcionó, entre los años 2003 y 2015, desde el Ministerio de Planificación.

En la parte final de este requerimiento se tratará la valoración probatoria de los dichos de los imputados colaboradores.

Sobre esto, la fiscalía dio por acreditado un mecanismo dual para obtener el dinero: uno que realizaban los funcionarios, donde se retiraba el efectivo de forma directa de las compañías, y otro realizado por actores financieros como choferes que recolectaban fondos gracias a retornos pactados previamente en las obras públicas más grandes de ese período.

Este jueves, durante la séptima audiencia, el Tribunal intentará exponer la operatoria y el comportamiento de los empresarios acusados.

Según el análisis fiscal, firmas como Panedile, Faraday, Secco y JCR formaron parte de un esquema de pagos ilegales "inducidos por la expectativa cierta de beneficios" en licitaciones, contrataciones públicas, modificaciones de plazos de pagos, certificaciones y gestiones regulatorias.

Hasta este momento, la lectura se había centrado en reconstruir lo ocurrido y describir a los actores involucrados en el supuesto esquema de corrupción.

Ahora, el foco será exponer cómo hizo el fiscal Carlos Stornelli para lograr unir toda esa inmensa masa de información para apoyar su afirmación más fuerte: que hubo un esquema delictivo centralizado cuyos circuitos, de acuerdo a la denuncia, terminaban en el departamento de la calle Uruguay (donde vivió Cristina Kirchner), o en la Quinta de Olivos, donde Daniel Muñoz, el exsecretario de Néstor Kirchner, habría recibido los fondos recaudados en nombre del Poder Ejecutivo.