La disputa judicial por YPF suma un nuevo capítulo: los beneficiarios de la sentencia contra Argentina avanzarán este jueves con un reclamo ante la jueza Loretta Preska para aplicar sanciones al país. La medida se basa en supuestas demoras en la entrega de correos y chats oficiales, mientras la defensa argentina cuestiona la legitimidad de la solicitud y confía en su apelación ante la Cámara.

Reclamo por supuestas demoras en el "discovery"

Los demandantes, fondos Petersen y Eton Park, financiados por Burford Capital, argumentan que la Argentina incumplió órdenes judiciales que exigen entregar comunicaciones digitales de funcionarios actuales y pasados. Según su planteo, la falta de información completa justificaría sanciones, que podrían incluir multas y presunciones adversas.

Por su parte, la defensa argentina sostiene que las comunicaciones solicitadas son de carácter personal y están protegidas por la Constitución. Hasta el 12 de enero, seis funcionarios no habían entregado el material requerido, aunque la mayoría sí cumplió.

Defensa argentina: apelación clave

La Procuración del Tesoro reafirma que el país cumple con todas las decisiones judiciales vigentes y destaca que la orden de revisar dispositivos personales ya fue apelada ante la Cámara del Segundo Circuito de Nueva York. Esta apelación es central para la estrategia del Gobierno, que busca invalidar la exigencia de entrega de chats y correos privados bajo la normativa argentina y estadounidense.

El calendario procesal indica que Argentina presentará su respuesta el 19 de febrero, y la contrarréplica de los demandantes quedará para el 5 de marzo. La jueza Preska decidirá posteriormente sobre la posible declaración de desacato y la aplicación de sanciones.

El trasfondo del conflicto y las posibles consecuencias

Más allá del intercambio de escritos, los beneficiarios buscan demostrar que organismos públicos, como el Banco Central, Banco Nación y Aerolíneas Argentinas, actúan como "alter ego" del Estado, con el objetivo de embargar activos para cobrar la sentencia de US$16.100 millones más intereses.

El Gobierno sostiene que el proceso de discovery, que demandó casi dos años y la producción de más de 110.000 documentos, se realizó respetando la legalidad y la privacidad de los funcionarios. La apelación principal contra la sentencia por la expropiación sigue su curso y se mantiene como la estrategia central para frenar cualquier intento de ejecución inmediata.