La acusación: "protección al Gobierno" y falta de objetividad

Uno de los querellantes del caso $LIBRA, Martín Romeo, pidió formalmente la recusación del fiscal federal Eduardo Taiano. En un escrito de cuatro páginas presentado en Comodoro Py, aseguró que el fiscal "ha perdido la objetividad" y que su actuación podría estar orientada a favorecer al Gobierno de Javier Milei, uno de los actores centrales de la causa.

Romeo argumentó que Taiano no impulsó medidas de prueba fundamentales y que su desempeño no se condice con la obligación del Ministerio Público de actuar en defensa del interés general.

Seis puntos que cuestionan el accionar del fiscal

Acompañado por su abogado, Nicolás Oszust, el querellante enumeró una serie de acciones -y omisiones- que, según sostiene, revelan una dirección parcial de la investigación. Entre ellas:

• Demoras en pedidos clave, como allanamientos y oficios a exchanges para obtener datos sobre billeteras de imputados vinculados al caso.

• Negativa a detener a los lobistas Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli, sin avanzar tampoco en llamados a indagatoria pese a existir, según Romeo, "motivos de sospecha suficientes".

• Contradicciones en dictámenes, primero señalando que el caso tenía conexión con otra causa y luego negándolo para rechazar una solicitud de la querella.

• Falta de impulso ante reiterados pedidos de citación de testigos.

El planteo quedó ahora en manos del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien deberá resolver si aparta a Taiano y designa a otro fiscal.

Críticas previas y un fiscal bajo presión

El cuestionamiento a Taiano no es nuevo. En los últimos meses, legisladores que integran la comisión investigadora del caso en Diputados denunciaron demoras injustificadas, acceso restringido a evidencia y decisiones que complicaron su labor. Incluso recomendaron evaluar el desempeño del fiscal y del juez.

La comparación con otras investigaciones también reavivó las críticas: en un expediente paralelo por presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad, el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi dispusieron allanamientos y secuestro de dispositivos de manera inmediata, una reacción más veloz que la que la querella observa en el caso $LIBRA.