La Cámara Federal de Casación Penal resolvió de forma unánime que Cristina Fernández de Kirchner y los demás condenados en la causa Vialidad deberán pagar, en conjunto, casi 685.000 millones de pesos. La cifra corresponde a un decomiso solidario y fue calculada con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) como método de actualización.

Una pena económica récord

El monto, originalmente fijado en $84.835 millones, fue actualizado por el Tribunal Oral Federal N°2 y ratificado por la Corte Suprema en junio. El nuevo cálculo representa una de las penas económicas más altas aplicadas por corrupción en la historia judicial argentina.

Los jueces de la Sala IV de Casación, Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, avalaron tanto la cifra como la metodología usada para actualizarla. Según el fallo, el decomiso responde a la responsabilidad penal por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, debido al direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas.

Rechazo de la defensa y respaldo del fiscal

La defensa de Cristina Kirchner, encabezada por Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, criticó duramente la decisión. Denunció que el uso del IPC como índice de actualización resultó arbitrario y les impidió ejercer adecuadamente el derecho a defensa. También cuestionaron que lo que se presentó como una "estimación provisoria" haya sido convertido en un monto final e inapelable.

Por su parte, el fiscal general Mario Villar respaldó la medida, afirmando que "la comisión de delitos no debe ser rentable ni para autores ni terceros". Además, defendió el uso del IPC como un método válido y fundado en peritajes oficiales.