La política argentina es testigo de nuevas disputas y resoluciones esta semana. Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, renovó sus críticas hacia el juez Ariel Lijo, acusándolo de ser parte de un esquema para influenciar al presidente Javier Milei con la candidatura de Lijo para la Corte Suprema. Carrió argumenta que Ricardo Lorenzetti, juez de la Corte, está manipulando la situación para conseguir una Corte adicta al poder.

Carrió declaró que Lijo es "el peor juez de todo Comodoro Py" y señaló que, a pesar de sus denuncias sobre la reestatización de YPF durante el gobierno de Cristina Kirchner, no se ha logrado justicia. Además, ha afirmado que Lijo es responsable de la millonaria condena de 16 mil millones de dólares que Argentina enfrenta en Nueva York.

En un desarrollo paralelo, Carrió obtuvo una victoria en un juicio civil que duró 12 años contra Aníbal Fernández, exministro del Interior bajo el gobierno de Cristina Kirchner. La jueza Pilar Rebaudi Basavilbaso falló a favor de Carrió, rechazando la demanda millonaria de Fernández y respaldando la inmunidad parlamentaria de Carrió. La jueza basó su decisión en el artículo 68 de la Constitución Nacional, que protege a los legisladores de ser judicialmente molestados por sus opiniones y discursos durante el ejercicio de sus funciones.

La jueza Rebaudi Basavilbaso destacó que la inmunidad parlamentaria es un derecho esencial para garantizar que el Congreso funcione de manera libre e independiente, y que cualquier intento de eludir esta protección sería una violación grave de la Constitución.

En su momento como diputada, Carrió había acusado a Fernández de estar vinculado con mafias del narcotráfico, incluyendo tráfico de efedrina. A pesar de las controversias y enfrentamientos legales, la reciente resolución judicial refuerza la postura de Carrió y la inmunidad parlamentaria como un pilar clave en el sistema legislativo argentino.