El clima en el Congreso de la Nación se caldeó tras conocerse que el Juzgado Federal N°2 de Tucumán informó oficialmente a Martín Menem sobre la investigación sobre Carlos Aníbal Cisneros.

La causa, caratulada bajo el expediente 23/2026, se originó por una denuncia del futbolista José Florentín (ex Vélez), quien acusa al legislador de orquestar una estructura para falsificar pruebas y "armar una causa" por abuso sexual en su contra.

Cisneros en declaraciones al portal Tendencia de Noticias, apuntó contra Menem por la difusión de la noticia y denunció una operación política:

"Es una vergüenza que el presidente de la Cámara panfletee de esa manera. Hay mala fe en difundir información inexacta sobre un desafuero que no existe", sentenció el dirigente de La Bancaria.

"Yo no me voy a ningún lado y cuando me citen me presentaré para que se terminen todas estas mentiras", afirmó el parlamentario.

El pedido del fiscal federal

En su requerimiento, la fiscalía plantea que el eventual delito no estaría vinculado al encuentro sexual en sí mismo, sino a hechos posteriores, cuando -según la hipótesis investigativa- la denunciante habría sido objeto de presiones y condicionamientos por parte de personas con capacidad de influencia sobre su situación laboral. "El proceso de captación no se habría producido con anterioridad al encuentro sexual, sino con posterioridad a este", sostiene el documento, al describir una situación en la que la víctima habría quedado en un estado de "especial fragilidad emocional, laboral y personal".

De acuerdo con esa línea investigativa, a partir de ese momento se habría desplegado un esquema de intimidación, coerción y aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, circunstancias que configuran los elementos típicos del delito de trata.

Como parte del avance de la causa, el fiscal solicitó diversas medidas probatorias. Entre ellas, pidió informes a la Caja Popular de Ahorros de Tucumán para determinar si determinadas personas mencionadas en el expediente prestaron servicios en ese organismo y cuáles eran sus funciones. También requirió incorporar declaraciones previas de la denunciante ante el Ministerio Público Fiscal y la Justicia provincial, con el objetivo de evitar su revictimización.

Como corolario, el fiscal Rafael Vehils Ruiz pidió la indagatoria de Cisneros y de la abogada Patricia Neme. 

Fuente: Tendencia de Noticias.