La oposición en Diputados convocó a Luis Caputo, Karina Milei y Mario Lugones a una sesión especial de interpelación por temas sensibles: el apoyo financiero de Estados Unidos y las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Sin embargo, los tres funcionarios del Gobierno nacional rechazaron la invitación, alegando compromisos previos.

Desde la Casa Rosada descartaron que se trate de un acto de desdén institucional. Cada funcionario presentó una justificación por separado, aunque el mensaje común fue claro: "no hay margen en la agenda".

Qué dijeron Caputo, Karina Milei y Lugones

• Luis Caputo, ministro de Economía, explicó que se encuentra en el exterior en misión oficial, como parte de las negociaciones con Estados Unidos. Dijo que no podrá asistir por "razones de agenda previamente establecida y como es de público conocimiento".

• Mario Lugones, ministro de Salud, también se excusó por "cuestiones impostergables de agenda", aunque se mostró dispuesto a colaborar: "Estoy a disposición para remitir información por escrito, si así se requiere con urgencia", señaló.

• Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, aseguró estar "imposibilitada de concurrir" por compromisos asumidos con anterioridad a la convocatoria.

Por qué fueron citados al Congreso

Desde Unión por la Patria, el principal bloque opositor, exigieron explicaciones a Caputo por las negociaciones que el Gobierno estaría llevando adelante con Estados Unidos para recibir un salvataje financiero. El tema tomó fuerza tras el viaje de Javier Milei a Washington y su encuentro con Donald Trump.

En tanto, Karina Milei y Mario Lugones fueron convocados a raíz de audios filtrados atribuidos al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, que hacen referencia a supuestas maniobras de corrupción en el organismo.

Según el artículo 71 de la Constitución Nacional, las Cámaras del Congreso tienen facultad para convocar a los ministros del Poder Ejecutivo y solicitarles informes o explicaciones. Sin embargo, no existe una obligación expresa que los fuerce a concurrir.

Es una herramienta institucional pensada para fomentar la transparencia y el control parlamentario, pero carece de mecanismos sancionatorios si los funcionarios deciden no asistir.