El estado del Acceso Sur a San Miguel de Tucumán, puntualmente en la zona de San Andrés donde convergen la Ruta Nacional N° 9 y la Ruta Provincial N° 306, llegó a la Legislatura. A través de un proyecto de resolución, la oposición exigió al Poder Ejecutivo (PE) la urgente reparación, acondicionamiento y puesta en valor del trazado, argumentando que se encuentra en una situación crítica.

La iniciativa, impulsada por el legislador Manuel Courel (Cambia Tucumán), insta a la Provincia a intervenir de inmediato. El pedido contempla, como mínimo, la reparación integral de la calzada, la recomposición de banquinas, mejoras en la señalización (horizontal y vertical) y una adecuación general para garantizar la seguridad vial en un nudo clave para el tránsito de la región.

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El impacto de la obra paralizada

El caos vehicular actual tiene un claro punto de inflexión: la paralización del megaproyecto de la "Autopista a las Termas de Río Hondo".

"El sector se encuentra en una situación crítica de abandono y deterioro. Esta realidad quedó profundizada luego de que dejara de ejecutarse la autopista, cuya paralización dejó inconclusas soluciones necesarias y mantuvo un esquema de circulación precario, caótico e inseguro", fundamentó Courel en su proyecto.

La primera etapa de ese plan estratégico -que inició en julio de 2022 durante la presidencia de Alberto Fernández con financiamiento del BID- preveía la construcción de 2,9 kilómetros de duplicación de calzada para conectar el distribuidor San Cayetano con la rotonda de San Andrés, incluyendo un puente sobre el río Salí.

Hoy, ese escenario está sumido en la incertidumbre, especialmente tras las intenciones del presidente Javier Milei de eliminar la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), una medida que actualmente se encuentra frenada por una cautelar en la Justicia bonaerense.

Inseguridad, demoras y fotomultas

Mientras el futuro de la obra de fondo se dirime en los despachos políticos y judiciales, la realidad diaria golpea a los conductores. Según informes oficiales, el cruce soporta un flujo superior a los 20.000 vehículos diarios.

A las largas demoras y el mal estado del pavimento, los usuarios deben sumarle dos factores críticos denunciados en el proyecto: la constante inseguridad en la zona y la amenaza latente de recibir severas fotomultas confeccionadas por el municipio de Banda del Río Salí. Ante este combo, el pedido de intervención provincial busca brindar una solución paliativa antes de que el deterioro provoque consecuencias irreversibles.