La intervención de la Caja Popular de Ahorros (CPA) endureció su posición frente a las acusaciones del Tribunal de Cuentas (TC), al sostener que los señalamientos del organismo de control responden a una "persecución política" derivada de un conflicto interno, y no a irregularidades administrativas. Así lo afirmó el interventor Dr. José Díaz durante una conferencia de prensa en la que defendió la actuación de la institución y cuestionó los procedimientos del TC: "carecen de sustento legal, técnico y contable" fustigó el Dr Diaz.

 Un conflicto interno y 70 actuaciones

Díaz relató que la relación entre ambos organismos comenzó a deteriorarse a partir de un sumario iniciado dentro de la propia Caja, en el que (según su explicación) se vio involucrado un familiar directo del presidente del Tribunal de Cuentas.

A partir de ese episodio, aseguró el interventor, la Caja comenzó a recibir entre 60 y 70 actuaciones consecutivos, lo que, a su criterio, "paralizó" el funcionamiento interno del TC y concentró su actividad casi exclusivamente en la intervención de la CPA.

"Somos el organismo más auditado del Estado" 

El interventor subrayó que la Caja Popular es "el único organismo del Estado que cuenta con normas ISO, auditorías externas, sistema de doble contabilidad y balances certificados por la Auditoría de la Provincia". Además, recordó que los estados contables de la institución son aprobados anualmente por la Legislatura.

Díaz insistió en que la entidad no recibe fondos del Tesoro provincial, sino que se financia con sus propios recursos, por lo que "no existe perjuicio alguno para el erario público".

Los puntos de conflicto: SIPROSA y asistencia social

1. El reclamo por SIPROSA 

Uno de los principales cuestionamientos del Tribunal de Cuentas es una supuesta deuda de más de $3.300 millones de la Caja con el Sistema Provincial de Salud (SIPROSA).

Díaz sostuvo que el cálculo del organismo de control es "erróneo y desproporcionado", porque tomó como base los ingresos brutos de la actividad sin descontar premios, gastos operativos ni comisiones.

Agregó también que la ley establece que los aportes son anuales y no mensuales, como pretendió el Tribunal.

A su vez recordó que el período observado ya había sido aprobado por la Legislatura, y que incluso SIPROSA firmó un convenio con la Caja para la construcción de un edificio en un terreno del organismo con los mismos fondos que hoy se cuestionan.

"Si ese dinero no existía, ¿por qué firmaron el convenio?", planteó el interventor. Por este motivo, la Caja presentó denuncias penales por presunta falsificación de documentos públicos y abuso de autoridad contra quienes realizaron el cálculo impugnado.

2. La entrega de asistencia social

El segundo punto de conflicto es el expediente por la entrega de alimentos y asistencia social.

El Tribunal de Cuentas acusó a la Caja de no contar con un convenio ni rendiciones detalladas. Pero Díaz afirmó que la Carta Orgánica habilita expresamente a la institución a realizar acciones sociales sin necesidad de firmar convenios con otros organismos.

Según denunció, el TC remitió el caso a la Justicia antes de finalizar su propio sumario, lo que calificó como un acto de "arbitrariedad" y "violación del debido proceso administrativo".

"No hay delito, hay persecución"

La intervención insistió en que ninguno de los puntos observados por el Tribunal configura delito y que todas las actuaciones están amparadas en la normativa vigente.

Díaz cerró su exposición cuestionando la selectividad del Tribunal:

"Mientras áreas estratégicas del Estado necesitan control permanente, el organismo de cuentas dedicó la mayor parte de su esfuerzo a perseguir a la Caja por un conflicto personal. Eso no es control: es una persecución política".