La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, firmó un polémico decreto que modifica el funcionamiento de la Policía Federal. La resolución -publicada este martes en el Boletín Oficial- permite a la fuerza realizar ciberpatrullajes en redes sociales y requisas personales o vehiculares sin orden de un juez. El cambio se enmarca en una reforma que busca acercar el accionar de la Federal a "prácticas del FBI", según indica el propio texto.

Entre los puntos más controvertidos se encuentran la autorización para realizar seguimientos digitales en sitios públicos de internet sin intervención judicial, y la posibilidad de detener personas en la vía pública ante la presunción de un delito, aún sin una orden formal.

El decreto 383/2025 lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la propia Bullrich. Desde el Ministerio aseguran que el objetivo es modernizar la fuerza para actuar en delitos federales complejos y desarticular organizaciones criminales.

Alertas por avance sobre derechos y libertades

Las nuevas atribuciones encendieron alarmas entre especialistas y organismos de derechos humanos. La abogada María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), advirtió que se trata de un "ciberpatrullaje recargado", y afirmó: "Murieron las libertades democráticas. Lo único peor sería una dictadura sin necesidad de decretos".

Desde el sector académico y político, la exministra de Seguridad Sabina Frederic también cuestionó la reforma. "No esperar la orden judicial es una arbitrariedad. Se trata de habilitar un comportamiento fuera de lo admitido por el marco legal", afirmó.

El decreto también establece que la Policía podrá detener a personas hasta diez horas si considera que podrían cometer un delito y no acreditan su identidad. Además, se le otorga la posibilidad de intervenir "de manera espontánea" ante delitos flagrantes por indicación del Ministerio de Seguridad, algo que Verdú calificó como un "cambio de régimen".

Cambios internos en la Federal y reformas estructurales

Además de las facultades de patrullaje e investigación, la reforma de la Federal implica una reorganización interna. Se impone una reducción progresiva del escalafón de suboficiales, con la posibilidad de reconvertirlos en oficiales en función de sus estudios o experiencia. También se establece un sistema de ingreso universitario para nuevos agentes.

La norma no pasó por el Congreso y se implementa directamente por decreto, una práctica que ya se volvió habitual en el gobierno de Javier Milei. Desde diversos sectores alertan que este avance de atribuciones sin control judicial podría tener consecuencias graves en contextos de protestas sociales o manifestaciones.