Argentina vuelve a enfrentar a los tribunales internacionales por su deuda. Esta vez, bonistas que ya ganaron un juicio en Londres por los cupones atados al PBI, decidieron dar un paso más: presentaron una demanda en Estados Unidos para exigir el pago de €1330 millones (aproximadamente US\$1443 millones) que el país aún no abonó, pese al fallo firme en su contra.

El grupo de acreedores llevó su reclamo a la Corte del Distrito de Columbia, en Washington D.C., con el objetivo de que la justicia estadounidense reconozca la sentencia británica, que Argentina intentó apelar sin éxito. El caso, según fuentes oficiales, es uno de los cinco más costosos que enfrenta hoy el Estado argentino.

Desde la confirmación del fallo en octubre de 2024, Argentina solo desembolsó una parte del monto a través de una garantía de €313 millones, pero resta pagar unos €1000 millones más.

Acusaciones por falta de voluntad de pago

Los bonistas, representados por el estudio Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, aseguraron que el Gobierno no ofreció ninguna alternativa de pago, ni respondió a las propuestas recibidas.

En el escrito judicial, remarcaron que, pese al compromiso asumido con el FMI de resolver este tipo de litigios "de buena fe", no existen negociaciones activas con el Estado argentino. También advirtieron que el objetivo del Gobierno de recuperar el acceso a los mercados financieros será imposible mientras se sigan ignorando fallos firmes de la justicia internacional.

Este reclamo se suma al del fondo Titan Consortium, que también litiga en la misma corte de Washington por una indemnización de US\$327 millones vinculada a la expropiación de Aerolíneas Argentinas en 2008.

Cómo empezó el conflicto: la clave está en el PBI

El origen del caso se remonta a 2005, cuando Argentina incluyó los cupones atados al crecimiento en el canje de deuda para tentar a los bonistas. Estos papeles pagaban intereses extra si el PBI crecía más de 3% al año hasta 2035.

Pero en 2014, durante la gestión de Axel Kicillof como ministro de Economía, el Indec modificó la base con la que se calculaba el nivel de actividad. Ese cambio redujo la estimación del crecimiento de 2013 del 4,9% al 3,22%, lo que evitó el pago de más de US\$3600 millones. Desde entonces, el bono no volvió a pagarse.

La justicia británica determinó que ese ajuste metodológico perjudicó a los acreedores y ordenó que se les compensen las pérdidas con intereses calculados desde diciembre de 2014.

El Gobierno argentino argumenta que la actualización del PBI fue necesaria para reflejar mejor la realidad económica y garantizar un esquema de pagos sostenible. Pero los fondos insisten en que el país debía mantener el método anterior hasta 2035, tal como estaba establecido en el contrato original.