En un extenso análisis, Bernardo Saravia Frías, quien lideró la estrategia legal del país entre 2017 y 2019, sostiene que el reciente éxito judicial ante Burford Capital no tiene dueños políticos. 

Se trata, en cambio, de la validación de una estrategia técnica que sobrevivió a tres administraciones distintas y presiones internacionales.

Los dos pilares de la victoria

Según el exfuncionario, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito basó su decisión en dos puntos que la jueza Loretta Preska había ignorado en primera instancia:

1. Derecho Comercial: El estatuto de YPF no es un contrato bilateral. Los demandantes debieron impugnar la asamblea bajo la Ley de Sociedades argentina, algo que nunca hicieron. Invocaron un camino inexistente para reclamar daños.

2. Derecho Público: Ningún estatuto privado puede estar por encima de la Constitución Nacional y la Ley de Expropiaciones. La soberanía del Estado para nacionalizar bienes es una facultad que no admite interferencias de tribunales extranjeros bajo lógica de contratos privados.

La credibilidad como activo

Saravia Frías destaca que mantener una posición "invariable y continuada" en los tribunales internacionales es lo que genera seriedad. En un contexto donde la Argentina carga con décadas de desprestigio por incumplimientos, la coherencia de los argumentos esbozados hace nueve años fue lo que permitió revertir una condena que parecía definitiva.

Lo que viene: ¿Aventura o final?

Aunque Burford Capital podría intentar llegar a la Corte Suprema de los Estados Unidos, el exprocurador coincide con la visión oficial: el escenario cambió. El litigio vuelve a su naturaleza de "aventura procesal" y la Argentina ya no carga con el peso de ser la condenada a pagar US$16.100 millones. 

"No ganó nadie en particular. Ganó el país, ganamos todos", concluyó.