Con 44 votos a favor y 27 en contra, el Senado de la Nación convirtió en ley el nuevo Régimen Penal Juvenil y fijó la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La iniciativa, impulsada por el presidente Javier Milei, generó un fuerte debate y dejó posiciones divididas, también entre los senadores tucumanos.

Cómo votaron los senadores de Tucumán

La votación mostró posturas contrapuestas entre los tres representantes de la provincia en la Cámara alta.

• Juan Manzur votó en contra del proyecto.

• Beatriz Ávila acompañó la iniciativa con su voto afirmativo.

• Sandra Mendoza también votó a favor de la reforma.

La división dejó en evidencia las diferencias internas en la dirigencia tucumana frente a una de las reformas penales más discutidas de los últimos años.

Una reforma que reconfigura el régimen penal juvenil

La nueva ley establece que los adolescentes podrán ser imputados penalmente a partir de los 14 años, modificando el esquema vigente desde hace décadas en la Argentina.

Entre los principales cambios del nuevo Régimen Penal Juvenil se destacan:

• Una pena máxima de 15 años de prisión para delitos graves, como homicidio, robo agravado, abuso sexual o secuestro (antes el tope era de 20 años).

• Para delitos con penas menores a 3 años, y para aquellos de 3 a 10 años que no impliquen muerte o lesiones graves, se prevén alternativas como prisión domiciliaria, tareas comunitarias, reparaciones económicas e inhabilitaciones.

• La creación de institutos especializados para adolescentes, con equipos capacitados en niñez y adolescencia.

• La prohibición de que menores compartan lugares de detención con adultos.

El texto también contempla programas educativos, laborales y de reinserción social para reducir la reincidencia.

Un debate atravesado por la seguridad y el presupuesto

El proyecto fue respaldado por el oficialismo, la UCR, el PRO y bloques provinciales, mientras que el peronismo votó mayoritariamente en contra y cuestionó la falta de garantías presupuestarias para implementar el nuevo sistema en todo el país.

La sesión fue presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel y estuvo marcada por fuertes cruces políticos. Desde el oficialismo sostienen que la baja de la edad de imputabilidad responde a una demanda social frente al aumento de delitos cometidos por menores, mientras que la oposición advierte que el problema requiere un abordaje integral que incluya políticas sociales.

Con esta sanción, el Congreso avanza en una reforma estructural del sistema de responsabilidad penal juvenil y abre una nueva etapa en la discusión sobre seguridad, derechos de los adolescentes y prevención del delito en la Argentina.