El Gobierno apuesta a lograr media sanción de la Ley Penal Juvenil durante las sesiones extraordinarias de febrero, con la intención de retomar el debate en marzo durante las ordinarias. Desde Nación advierten que el avance dependerá de los tiempos parlamentarios y de las prioridades fijadas por la mesa política, mientras persisten diferencias internas sobre la edad límite de imputabilidad.

Debate interno sobre la edad de imputabilidad

La iniciativa propuesta por el Ejecutivo plantea bajar la edad de imputabilidad a 13 años, en contraste con el último dictamen de mayoría que la había fijado en 14 años. Sectores del Gobierno incluso barajan reducirla a 12 años, mientras otros buscan negociar con la oposición para acercar posiciones y asegurar los votos necesarios. La medida responde al crimen de Jeremías Monzón, adolescente asesinado en Santa Fe, que volvió a poner el tema en la agenda.

Estrategia y contexto legislativo

La Casa Rosada prevé que la Cámara Alta vote el 12 de febrero modificaciones al régimen laboral y la Ley de Glaciares, mientras que Diputados tratará la baja de la edad de imputabilidad y el acuerdo Mercosur-Unión Europea. En paralelo, no descartan incluir la Ley de Emergencia Ígnea por los incendios en la Patagonia. Desde el Ejecutivo destacan que buscarán avanzar "lo que se pueda en base a los tiempos acotados".

Cambios propuestos al sistema penal juvenil

El proyecto no solo discute la edad, sino que también propone reformas al sistema penal juvenil con penas alternativas, control judicial y dispositivos de seguimiento para evitar que adolescentes imputados queden en libertad sin supervisión. La iniciativa fue trabajada con jueces y fiscales y busca reemplazar el marco legal vigente desde 1980, habilitando un debate más amplio sobre la responsabilidad penal de los menores.