El Senado de la Nación convirtió en ley el nuevo Régimen Penal Juvenil y estableció la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La iniciativa fue aprobada por 44 votos afirmativos y 27 negativos, con el respaldo del oficialismo y bloques aliados.

La medida representa una de las principales reformas penales impulsadas por el presidente Javier Milei y cierra el período de sesiones extraordinarias con una victoria legislativa clave para la Casa Rosada.

Cómo fue la votación en el Senado

El proyecto obtuvo el apoyo de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y bloques provinciales. El peronismo votó mayoritariamente en contra y cuestionó la falta de previsión presupuestaria para su implementación.

Durante el debate se registraron fuertes cruces en el recinto. La sesión fue presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel, en su rol de titular de la Cámara alta.

Familiares de víctimas de delitos cometidos por menores siguieron el tratamiento desde los palcos y mantuvieron reuniones previas con dirigentes que respaldaron la reforma.

Qué cambia con el nuevo Régimen Penal Juvenil

La nueva normativa baja la edad de imputabilidad a 14 años, alineando a la Argentina con otros países de la región.

Además, establece:

• Una pena máxima de 15 años de prisión para delitos graves, como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros (antes el tope era de 20 años).

• Para delitos con penas de hasta 3 años, y para aquellos de 3 a 10 años que no incluyan muerte o lesiones graves, se prevén alternativas como prisión domiciliaria, tareas comunitarias, reparaciones económicas o inhabilitaciones.

• La creación de institutos especializados para adolescentes, con personal capacitado en infancia y adolescencia.

• La prohibición expresa de convivencia entre menores y detenidos mayores de edad.

El texto también contempla programas educativos, laborales y recreativos orientados a la reinserción social.

El debate por el presupuesto

Uno de los principales cuestionamientos de la oposición fue la falta de garantías presupuestarias para aplicar el nuevo sistema.

El Gobierno se comprometió previamente, durante el tratamiento en Diputados, a destinar más de $23.700 millones para financiar su implementación y permitir que las provincias firmen convenios con la Nación.

Desde el oficialismo sostienen que la reforma responde a una demanda social creciente vinculada a la violencia juvenil y a la participación de menores en delitos graves.

Un eje central de la agenda de seguridad

La baja de la edad de imputabilidad fue uno de los ejes centrales de la agenda de seguridad del Ejecutivo. La iniciativa original buscaba fijar el límite en 13 años, pero finalmente se consensuó en 14 para asegurar los votos necesarios.

Con esta sanción, el Gobierno logra avanzar en una de las reformas penales más debatidas de los últimos años, en medio de una fuerte polarización política y social sobre cómo abordar el delito juvenil en la Argentina.