El presidente Javier Milei anunció que vetará las leyes recientemente aprobadas por el Senado que disponen un aumento a los haberes jubilatorios, la restitución de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad. Según argumentó, estas medidas "atentan contra el equilibrio fiscal". Sin embargo, diversos análisis advierten que existen partidas presupuestarias alternativas desde donde podrían obtenerse los fondos necesarios para financiar estas políticas.

Según el medio Chequeado, que recopiló datos oficiales y estimaciones de consultoras privadas y organismos estatales, el costo total de estas tres leyes rondaría el 1,7% del Producto Bruto Interno (PBI), una cifra apenas superior a la meta de superávit fiscal (1,6% del PBI) que el Gobierno se comprometió a cumplir ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

A pesar de este argumento fiscalista, distintas voces de la oposición y especialistas en políticas públicas advirtieron que el Estado nacional renuncia actualmente a ingresos impositivos equivalentes al 3,54% del PBI por medio de exenciones y tratamientos tributarios especiales. Además, se destinan recursos significativos a gastos reservados de inteligencia, regímenes jubilatorios especiales y beneficios impositivos a sectores privilegiados, como jueces y empresas radicadas en Tierra del Fuego.

Qué leyes aprobó el Congreso y cuál es su costo fiscal

La Cámara de Senadores convirtió en ley tres iniciativas: el aumento de los haberes jubilatorios mediante un bono extraordinario, la reposición de la moratoria previsional derogada a comienzos de año, y la declaración de la emergencia en discapacidad.

De acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) y la consultora Invecq, el impacto fiscal conjunto sería del 1,7% del PBI anualizado. Sin embargo, como la implementación sería parcial en 2025, el efecto concreto en las cuentas públicas sería menor ese año.

La OPC estimó que la moratoria implicaría un gasto del 0,8% del PBI, mientras que el aumento del bono a jubilados costaría entre 0,14% y 0,17%. Envecq, por su parte, calculó que el incremento del 7,2% en los haberes previsionales representaría un 1% del PBI. La ley de discapacidad tendría un costo de entre 0,22% y 0,42% del producto, según la OPC.

Exenciones impositivas: lo que el Estado deja de recaudar

El informe de Chequeado detalla que los gastos tributarios -es decir, los ingresos que el fisco resigna al aplicar exenciones o beneficios fiscales- equivalen actualmente al 3,54% del PBI. Esto representa aproximadamente $27 billones, más del doble del costo total de las leyes recientemente sancionadas.

Gran parte de esa pérdida fiscal proviene de la reducción de IVA (1,2% del PBI), principalmente para carnes, frutas, verduras y prestaciones médicas. El segundo ítem más relevante es el impuesto a las Ganancias, con beneficios que representan el 0,52% del PBI, casi $4 billones.

Los regímenes de promoción económica -como el de Tierra del Fuego- representan un gasto del 0,43% del PBI. Solo esta partida cubriría casi la mitad del costo de aumentar las jubilaciones en 7,2%.

El caso de los jueces: no pagan Ganancias

Un régimen especial exime a los jueces y funcionarios judiciales designados antes de 2017 del pago del impuesto a las Ganancias. De acuerdo al Consejo de la Magistratura, solo el 26% de los jueces federales y nacionales lo abonan. Esta exención representa unos $766 mil millones anuales, el 0,10% del PBI. Ese monto cubriría la mitad del costo del bono para jubilados si se elevara de $70 mil a $115 mil.

La organización ACIJ advierte que la exención a los jueces genera una pérdida fiscal un 146% mayor a todo el presupuesto destinado al Poder Legislativo nacional.

SIDE: más fondos para Inteligencia

Los gastos de la Agencia Federal de Inteligencia (ex SIDE) se incrementaron significativamente en 2024. Según reveló Chequeado, a través de un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia), el Ejecutivo destinó $100 mil millones extra para "gastos reservados", aunque el Congreso luego rechazó ese DNU.

En 2025, como el presupuesto nacional fue prorrogado, los recursos previstos originalmente eran de $48 mil millones, pero se ampliaron a casi $80 mil millones tras dos modificaciones. Estos fondos, opacos en su uso, superan por sí solos el costo de la ley de emergencia en discapacidad.

Jubilaciones especiales: más de $5 millones por beneficiario judicial

El sistema previsional argentino incluye regímenes especiales que benefician a jueces, diplomáticos, docentes universitarios, científicos, expresidentes, religiosos y más. En marzo de 2025, 306.141 personas cobraban alguna jubilación de este tipo. Los jueces (7.872 beneficiarios) perciben en promedio $5.663.069 mensuales.

Además, 11 expresidentes y exvicepresidentes seguían cobrando jubilaciones especiales, que en conjunto implican un gasto mensual de $134,5 millones. Estas jubilaciones están reguladas por leyes específicas y representan una asignación desproporcionada frente a los haberes mínimos del sistema general.

Críticas desde la oposición: "Que ahorre en la SIDE y listo"

La vicepresidenta Victoria Villarruel fue una de las pocas voces del oficialismo que se distanció públicamente de la decisión de Milei de vetar las leyes. En su cuenta de Instagram escribió: "Si hay equilibrio, entonces asistir a los más desprotegidos no debiera ser tan terrible. El tema es que un jubilado no puede esperar y una discapacitada, menos. Que ahorre en viajes y en la SIDE, y listo".

También se pronunció el diputado Nicolás Massot (Encuentro Federal), quien criticó la doble vara del Gobierno: "Hubo plata para eliminar el impuesto a los bienes personales, para blanqueos y para eliminar impuestos a los bienes suntuarios y autos de lujo. ¿Por qué no se aplicaron los mismos principios de financiamiento para proteger y actualizar los derechos de los jubilados?", planteó en diálogo con Infobae.