La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), gremio alineado con la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), presentó este viernes una demanda judicial contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/25, impulsado por el gobierno nacional, que amplía los servicios considerados esenciales y restringe así el derecho a huelga.

El recurso de amparo fue presentado ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N.º 20. La organización sindical solicitó que se declare la inconstitucionalidad de la medida y pidió una medida cautelar urgente para suspender sus efectos mientras se resuelve la causa.

"Nos afecta directamente", afirmó Aguiar

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, criticó con dureza el decreto y aseguró que "muchas de las actividades que ahora se consideran esenciales son prestadas por el propio Estado, por lo que nos afecta de manera directa a los trabajadores estatales".

"Estamos frente a una inconstitucionalidad manifiesta. El derecho de huelga es nuestro derecho más importante. Si nos lo quitan, no nos queda nada", alertó Aguiar, quien acusó al Ejecutivo de actuar en favor de las grandes corporaciones. "Este decreto lo escribieron las multinacionales", denunció.

Qué cambia con el DNU 340/25

El decreto modifica el artículo 24 de la Ley 25.877, ampliando la lista de servicios esenciales que deben garantizar el 75% de su funcionamiento aun durante huelgas. Hasta ahora, se limitaban a servicios cuya interrupción pusiera en riesgo la vida, la salud o la seguridad pública, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Entre los nuevos servicios considerados esenciales se incluyen:

• Servicios sanitarios, hospitalarios y farmacéuticos.

• Transporte, distribución y comercialización de agua, gas y energía.

• Telecomunicaciones, internet y satelitales.

• Servicios aduaneros, migratorios y de comercio exterior.

• Aeronáutica comercial y portuaria.

• Educación en niveles inicial, primario, secundario y especial.

• Transporte marítimo, fluvial y servicios costa afuera.

Una ofensiva legal y sindical

ATE se convierte en el primer sindicato en acudir a la Justicia, anticipándose incluso a la Confederación General del Trabajo (CGT), que también evalúa presentar una demanda contra el decreto.

"Esperamos que la Justicia actúe con rapidez y suspenda inmediatamente los efectos de esta norma arbitraria", concluyó Aguiar.