La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó denuncias penales contra Start.Ar S.A. e Intermaco SRL, dos empresas vinculadas a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, por la retención indebida de aportes previsionales de sus empleados por un total de $282 millones.

Las actuaciones judiciales quedaron radicadas en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, a cargo de Luis Armella. Según el organismo, ambas firmas descontaron los aportes a sus trabajadores pero no los depositaron en los organismos correspondientes.

Cómo se compone la deuda que investiga la Justicia

ARCA detalló los períodos y montos que quedaron impagos:

• Start.Ar S.A.: acumula una deuda de $255,5 millones por aportes no depositados entre septiembre de 2024 y el período marzo-agosto de 2025. La empresa, dedicada a la venta de electrodomésticos, atraviesa además un proceso de quiebra con un pasivo declarado de $55.000 millones.

• Intermaco SRL: adeuda $27,6 millones correspondientes a julio y agosto de 2025. Su actividad principal es la comercialización mayorista de productos informáticos.

Para el ente recaudador, existe evidencia de que las compañías tenían capacidad financiera para cumplir con sus obligaciones, pero decidieron no hacerlo.

El vínculo con las SIRA y el acceso al dólar oficial

El caso tomó mayor dimensión tras revelaciones periodísticas que señalaron que estas empresas habrían tenido acceso al dólar oficial a través del sistema SIRA durante la gestión de Sergio Massa, aprovechando la brecha cambiaria para operaciones de importación.

La estructura societaria de ambas firmas comparte nombres clave: Nicolás Osta, Esteban Jorge Isorna e Ignacio Jakim. Además, aparece mencionado Leonardo Jakim, quien actuó como representante de la AFA en acuerdos internacionales que hoy también están bajo análisis.

El delito que podría configurarse y las penas previstas

Según ARCA, la conducta encuadra en el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social, que contempla:

• Penas de 2 a 6 años de prisión.

• Se aplica cuando lo retenido y no depositado supera los $3,5 millones mensuales.

El organismo sostuvo en la presentación judicial que la maniobra constituye un perjuicio directo al sistema previsional y que hay elementos suficientes para avanzar con la investigación penal.