La Cámara Federal de Casación Penal anuló este jueves el procesamiento del expresidente Alberto Fernández en la causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación de seguros del Estado en beneficio de empresarios allegados. La decisión, adoptada por la Sala IV, hizo lugar al recurso de la defensa y ordenó a la Cámara Federal dictar un nuevo fallo sobre la situación del exmandatario.

El argumento central: La falta de impulso fiscal

La resolución contó con los votos de los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo, quienes fundamentaron la anulación en la vulneración del principio acusatorio. Según los magistrados:

• El fiscal ante la Cámara Federal, José Agüero Iturbe, no había solicitado confirmar el procesamiento, sino que pidió dictar la falta de mérito por considerar que no había elementos suficientes.

• Al no existir controversia entre la defensa y la fiscalía en esa instancia, la Cámara Federal confirmó el procesamiento "en exceso" de lo planteado por la acusación.

• Borinsky remarcó que se afectó el debido proceso bajo la premisa jurídica de que "no hay juez sin acusador".

• Señalaron además que la intervención posterior del fiscal de Casación, Raúl Pleé (quien sí pidió confirmar el procesamiento), no logró subsanar la falencia inicial del expediente.

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El impacto de la causa y el voto en disidencia

Hasta esta resolución, Alberto Fernández se encontraba procesado por negociaciones incompatibles con la función pública, con un embargo récord de $14.634.220.283,68 y la prohibición de salir del país. El expediente analiza el esquema de contratación centralizado por el Decreto 823/2021, que habría permitido la intervención de intermediarios privados con comisiones superiores a las del mercado.

Por su parte, el juez Gustavo Hornos votó en disidencia. Para Hornos, el recurso de la defensa debió ser rechazado por no tratarse de una sentencia definitiva. En su voto, sostuvo que el procesamiento estaba "suficientemente fundado" y describió la existencia de un presunto esquema de direccionamiento irregular que habría causado un perjuicio económico al Estado a través de servicios sobrefacturados.

Con esta anulación, la situación procesal de Fernández vuelve a foja cero dentro de la Cámara Federal, que ahora deberá emitir un nuevo pronunciamiento ajustado a los lineamientos de Casación.