Investigación federal en Comodoro Py

La justicia federal no considera que las coimas de la Andis sean un hecho aislado, sino que revelan un modus operandi extendido dentro del gobierno de Javier Milei. La investigación avanza bajo la órbita del juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, quienes sospechan que el mecanismo de recaudación ilegal se habría replicado en otras áreas del Estado.

El caso involucra a Diego Spagnuolo, ex titular de la Andis, y a su equipo cercano, mientras que Milei habría optado por no intervenir a pesar de las advertencias de Spagnuolo. La hipótesis se vio reforzada por un comentario del propio Presidente en Junín: "Están molestos porque les estamos afanando los choreos".

Medidas judiciales y bloqueos de bienes

Ante estos hechos, Picardi solicitó al juez Casanello bloquear las cajas de seguridad bancarias de Spagnuolo, su número dos Daniel Garbellini y los dueños de la droguería Suizo Argentina, Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker.

Los allanamientos incluyeron casas y oficinas de los involucrados, con incautación de celulares y computadoras, pero hasta ahora no se ordenaron detenciones, en un movimiento estratégico para evitar que posibles aliados de la administración libertaria interfieran con la causa.

Durante los operativos, la seguridad privada de Nordelta habría intentado alertar a Jonathan Kovalivker para que vaciara sus cajas y ocultara pruebas, motivo por el cual Casanello evalúa procesar al jefe de seguridad del country, Ariel De Vincentis.

Antecedentes y reputación de los investigadores

Casanello y Picardi son reconocidos en Comodoro Py por su celeridad y prolijidad. Casanello fue designado por el gobierno de Cristina Kirchner y Picardi se desempeña como fiscal hace más de 10 años, investigando desde la plana mayor del Ministerio de Planificación hasta casos de espionaje ilegal durante la gestión de Mauricio Macri.

El único investigado que colaboró con sus dispositivos electrónicos fue Garbellini, mientras que Kovalivker entregó su celular pero se negó a dar la clave. Por su parte, la droguería Suizo Argentina concentró la atención de la justicia por un incremento de contratos sospechoso, pasando de 3.900 millones de pesos en 2024 a 108.000 millones en 2025, según informes periodísticos.