La Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso presentado por Alberto Fernández en la causa conocida como "Seguros", donde está acusado de haber favorecido a intermediarios mediante contrataciones irregulares durante su gobierno. El exmandatario había solicitado apartar al juez Julián Ercolini por supuesta "parcialidad", pero el máximo tribunal desestimó los argumentos por falta de pruebas válidas.

Este rechazo se suma a las negativas previas de la Cámara Federal y la Cámara de Casación, que coincidieron en que los elementos presentados no cumplían con los requisitos legales para recusar a un magistrado.

De qué se trata la causa y qué dijo Fernández

La causa investiga un presunto entramado de contrataciones de seguros por parte de organismos del Estado a través de Nación Seguros y mediante intermediarios, amparado por el decreto 823/21, firmado por el propio Fernández. La Justicia analiza si existió una red de beneficios económicos para personas vinculadas a su entorno, entre ellas su exsecretaria privada, María Cantero.

En febrero, el juez Sebastián Casanello -quien hoy está a cargo del expediente- procesó al expresidente por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública y ordenó un embargo de más de 14.600 millones de pesos. Según el fallo, se habría montado desde Presidencia una "oficina paralela" con fines comerciales.

Estrategia de defensa debilitada

Aunque Ercolini ya no está a cargo del expediente, el rechazo de la Corte representa un golpe para la estrategia judicial de Fernández, que intenta instalar una narrativa de persecución política y judicial. Durante una audiencia previa, el exmandatario afirmó que el juez tenía "ánimo de venganza" y lo acusó de actuar con parcialidad.

No obstante, los magistrados evaluaron que los supuestos chats entre ambos -presentados como prueba- no tenían validez pericial ni técnica, y que fueron incorporados de forma extemporánea.

La resolución de la Corte deja firme el fallo de primera instancia que rechazó la recusación y consolida el rumbo del proceso judicial, uno de los más comprometedores para el expresidente desde que dejó el poder.