La resolución de Ercolini, emitida esta noche, establece la inhibición general de bienes para 33 personas y empresas, entre las que se encuentran destacados nombres como el ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, y el broker Héctor Martínez Sosa, junto con su esposa María Cantero, entre otros. 

Esta medida impide la venta o disposición de sus activos, así como el acceso a sus cajas de seguridad, marcando un hito en la investigación del escándalo.

Uno de los puntos centrales de la pesquisa es la participación de empresas como Bachellier, San Ignacio y TG Broker, que habrían desempeñado un papel crucial en la trama de los seguros. 

Según documentos obtenidos por Infobae, Bachellier es señalada como la principal beneficiaria de comisiones millonarias, especialmente tras el decreto de Alberto Fernández que otorgó el monopolio a Nación Seguros. Mientras tanto, San Ignacio y TG Broker, vinculadas a la póliza de la ANSES, habrían recibido cifras astronómicas por sus servicios.

La resolución de Ercolini revela detalles impactantes, incluida una estrecha relación entre Martínez Sosa y Alberto Fernández, así como su conexión con otros brokers y empresas involucradas. 

Además, la medida alcanza a ex funcionarios recientemente desplazados, como Mauro Tanos y Marcos Eufemio, así como a las cooperativas 7 de mayo e Irigoin, allanadas la semana pasada.

El caso de la cooperativa 7 de mayo llamó especialmente la atención, ya que, a pesar de estar registrada para la venta de bebidas, movilizó cientos de millones de pesos en transacciones sospechosas. Investigaciones sugieren que esta firma podría haber sido utilizada como un conducto para pagos indebidos relacionados con el escándalo de los seguros.

En un desarrollo adicional, Ercolini solicitó a la Oficina Anticorrupción que proporcione las declaraciones juradas integrales de Fernández, Pagliano y otros implicados desde 2009 hasta la fecha, como parte de la investigación en curso.

Aunque Alberto Fernández está imputado en ambas causas, aún no se presentó en Comodoro Py ni designó un abogado, lo que deja en el aire el curso futuro de este escándalo que sacude los cimientos del poder en el país.