El Gobierno nacional confirmó que apelará el fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferendos de Inversión (CIADI) que obliga a la Argentina a pagar US$716 millones a la empresa estadounidense AES Corporation, por una disputa originada tras la pesificación de los contratos de concesión de la represa hidroeléctrica Alicurá en 2002.

La medida busca anular la sentencia y, en el proceso, postergar una resolución definitiva. Según fuentes oficiales, se trata de una estrategia judicial ya aplicada en otros litigios externos, como el reciente caso de YPF. "No tenemos plata para pagar y tampoco nos vamos a endeudar", señalan desde Balcarce 50.

Un nuevo revés internacional

La condena del CIADI responde a un reclamo iniciado por AES, que denunció que el país violó el Tratado Bilateral de Inversiones con Estados Unidos al modificar las condiciones contractuales pactadas en dólares. La decisión del tribunal arbitral se conoció el 31 de mayo de 2025 y abrió un plazo de 120 días para solicitar su anulación.

La Procuración del Tesoro, encabezada por Santiago Castro Videla, prepara un escrito que podría apelar al exceso de jurisdicción del tribunal o vicios de procedimiento. Si se acepta el pedido, se habilitará una nueva instancia con una comisión ad hoc que suspenderá la ejecución del fallo.

Otras opciones y negociaciones en paralelo

Aunque desde la Casa Rosada no descartan una negociación futura para definir un esquema de pagos progresivos si pierden la apelación, aclararon que no se entregará ningún beneficio extra a AES, ni siquiera un canon diferenciado si la empresa compite en futuras licitaciones por la represa Alicurá.

AES había reclamado originalmente US$1814 millones, cifra que, con intereses, podía superar los US$2500 millones, aunque el CIADI falló por una suma menor. Aun así, el impacto en la situación financiera del país es considerable.

Más juicios contra la Argentina

Este no es el único frente judicial que enfrenta el Gobierno. Esta semana, la Procuración pidió la suspensión del fallo de la jueza Loretta Preska que ordena pagar US$16.100 millones por la expropiación de YPF. También fue condenado recientemente a pagar US$147 millones a la constructora Webuild y US$1500 millones por el juicio del "Cupón PBI" en Reino Unido.

El Ejecutivo insiste en dilatar todos estos pagos mientras mantiene su postura de no asumir nuevas deudas ni afectar aún más las reservas del Banco Central. La pulseada judicial en foros internacionales será clave para la estrategia económica del gobierno de Javier Milei en los próximos meses.