Encabezan el encuentro el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, acompañados por el titular de ARCA, Juan Pazo, y el vicejefe de Interior, Lisandro Catalán.

La reunión fue convocada para despejar dudas sobre el nuevo régimen simplificado de Ganancias, pieza clave dentro del Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, y para convencer a las provincias de sumarse a este esquema que busca dinamizar la economía formal.

Provincias presionadas: si no adhieren, pierden acceso a datos

El mensaje del Ejecutivo a los gobernadores es claro: si no aceptan el acuerdo, sus jurisdicciones dejarán de recibir información clave sobre facturación y consumos. Así lo advirtió ARCA en una nota previa al encuentro, dejando en evidencia el peso político de la medida.

Entre los gobernadores convocados figuran nombres de todo el arco político, desde Raúl Jalil (Catamarca) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero), hasta Alfredo Cornejo (Mendoza) y Martín Llaryora (Córdoba). La Casa Rosada busca respaldo transversal para empujar una medida que aún genera resistencia, sobre todo en distritos alineados con la oposición.

El plan oficial: blanqueo exprés y menos controles

El proyecto del Gobierno incluye la creación de un régimen simplificado de Ganancias, que entraría en vigencia el 1° de junio. La idea es facilitar la formalización de ahorros sin requerir declaraciones sobre consumos o patrimonios. "Con un solo clic te adherís", dicen desde el Ejecutivo.

El objetivo de fondo es fomentar que los ciudadanos utilicen sus dólares guardados fuera del sistema. Según cálculos oficiales, por cada peso formal hay cinco que circulan en negro. El blanqueo, además, contempla una futura modificación a la ley penal tributaria, que se enviará al Congreso.

Desde la administración Milei aseguran que se trata de una medida histórica para devolverle a la gente "la libertad de usar su dinero como quiera". Pero no todos están de acuerdo: desde la provincia de Buenos Aires, la gestión de Axel Kicillof ya se manifestó en contra, y sectores del massismo también cuestionaron lo que llaman un "nuevo blanqueo encubierto".