En una clara respuesta a la multitudinaria marcha que exigía más fondos para la educación superior, el Gobierno confirmó su veto a la Ley de Financiamiento Universitario, calificándola como un "irresponsable proyecto de aumento de gasto público". La declaración fue emitida por la Oficina del Presidente, que enfatizó la necesidad de responsabilidad en el manejo de los recursos fiscales.

"Es momento de que los legisladores entiendan que ya no pueden hacer populismo demagógicocon los recursos de quienes pagan los impuestos, y comiencen a actuar con la responsabilidad que demanda este momento histórico", afirmó el comunicado oficial.

El Ejecutivo sostiene que el lugar adecuado para discutir el financiamiento de las universidades es el debate del Presupuesto 2025, instando a los legisladores a centrar sus esfuerzos en ese contexto.