La relación entre el Gobierno nacional y los gobernadores atraviesa un momento de alta tensión. El anuncio del nuevo esquema de "Súper IVA" y los recientes cambios en el sistema de retenciones del IVA e Impuesto a las Ganancias encendieron las alarmas en varias provincias, que denuncian un impacto directo en la coparticipación federal y en sus ya ajustadas cuentas públicas.

El malestar será parte del trasfondo de la reunión que este martes mantendrán varios mandatarios provinciales en Paraná, convocados por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Participarán, entre otros, Axel Kicillof (Buenos Aires), Ignacio Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Raúl Jalil (Catamarca) y Sergio Ziliotto (La Pampa).

Aunque el objetivo formal del encuentro es debatir el desarrollo productivo regional, varios gobernadores ya confirmaron que aprovecharán la cita para hablar en privado sobre las medidas fiscales que impulsa la gestión de Javier Milei, principalmente la reforma tributaria que incluirá una modificación en el IVA, tal como adelantó el ministro de Economía, Luis Caputo.

Qué propone el Gobierno con el "Súper IVA"

Caputo explicó que el nuevo modelo dividirá el IVA en dos tramos: un 9% nacional y otro 12% que las provincias podrán fijar o modificar a voluntad, generando lo que definió como "competencia fiscal entre distritos". Sin embargo, en los gobiernos provinciales temen una profundización de las desigualdades entre regiones, y alertan que la medida podría atomizar el esquema federal de recursos.

En paralelo, la Nación modificó el esquema de anticipos del Impuesto a las Ganancias y retenciones aduaneras del IVA, lo que reducirá temporalmente la recaudación coparticipable. El ajuste comenzará a sentirse en junio, justo cuando las provincias están planificando el pago de aguinaldos. Algunas, como las patagónicas, evalúan acciones legales contra Nación por la falta de aviso previo.

Más reclamos: obras públicas paralizadas y cajas previsionales

El "Súper IVA" y la caída en la coparticipación no son los únicos puntos de conflicto. La paralización total de la obra pública nacional, el estado de las rutas federales y la deuda por el déficit de las cajas previsionales son parte de una lista de reclamos crecientes.

Por ejemplo, Córdoba ya presentó un reclamo ante la Corte Suprema por una deuda de $1 billón en concepto de déficit previsional. Entre Ríos también exige un pago adicional de $7.000 millones, pese a haber acordado cuotas por su déficit. Solo Chubut logró avanzar con acuerdos concretos, bajo el esquema del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR).

Desde el Gobierno nacional aseguran que "las provincias están recibiendo más fondos que en 2023 ajustados por inflación" y que están abiertos al diálogo. Pero en varias gobernaciones creen que las medidas fiscales y de ajuste son unilaterales y sin coordinación federal.